La solución no está clara, pero el banco que preside Ana Patricia Botín ya estudia cómo compensar a los accionistas minoristas de Popular que perdieron todo su dinero tras la compra del pasado día 7.

Según publican varios medios de comunicación, con esta medida que choca contra la intención inicial del Santander, el banco pretende frenar la fuga de clientes del Popular, que al mismo tiempo eran accionistas. La firma tenía más de 300.000 inversores minoritas muchos de ellos clientes o empleados del banco.

El Confidencial publica hoy que una de las opciones será compensar a los accionistas que entraron en la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que puso en marcha la firma que presidía Ángel Ron el año pasado y que, hayan mantenido sus acciones hasta el día de la intervención, es decir, el 6 de junio de este año.  Las fuentes que cita el diario explican que Santander considera que son los únicos que tienen derecho a una indemnización porque creyeron los comunicados oficiales de Popular hasta el último día.

No le quedan días fáciles al Santander por delante, ya que todo indica que se enfrentará a una lluvia de demandas de todos estos afectados. En principio ya hay cuatro bufetes de abogados estadounidenses que están preparando demandas colectivas contra la entidad.

Uno de los accionistas más movilizado es el empresario –y accionistas del Popular-, Félix Revuelta que ya ha recogido el interés de otros 2.000 inversores para querellarse contra la entidad.

Entre tanto, el Santander sigue digiriendo la compra y ha pedido a sus accionistas que acudan a la ampliación de capital de 7.000 millones de euros que tendrá que hacer para engullir a su nueva adquisición.

La presidenta de la firma cree que esta operación tendrá un retorno de entre un 13 y un 14% hasta el año 2020.