Venezuela se prepara para endurecer su legislación gasísta mediante una reforma que impone la figura de empresas mixtas con mayoría estatal para explorar y extraer este recurso.
 
La iniciativa además incrementaría los impuestos y afectaría de manera directa a firmas extranjeras con licencias de exploración y producción como Chevron, Eni,
Repsol YPF, entre otras.