El segundo rescate al Estado heleno supone una ampliación en 109.000 millones adicionales de préstamos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiero (FEEF o en inglés EFSF) a Grecia para que ésta pueda hacer frente a sus compromisos financieros durante los próximos tres años. Se están planteando nuevas condiciones en esta serie de préstamos como la de reducir los tipos de interés exigidos a Grecia por ser rescatada del 5,5% a 3,5%, además de flexibilizar los vencimientos que pasarán de un vencimiento medio de 7,5 años a 15 y 30 años, e incluso con sorprendentes períodos de carencia de unos 10 años.

Después de revisar estos datos, es sencillo darse cuenta que esta situación no puede persistir por siempre. De hecho, las autoridades helenas con su Primer Ministro a la cabeza, Georgios Andreas Papandreu, ya han están dejando de pagar sus deudas al sector privado y han anunciado que su Administración no podrá abonar la totalidad de los salarios a sus funcionarios a partir del mes de octubre. En definitiva, suspenden pagos al sector privado, incumplen los compromisos con sus empleados, tienen mucho más en su pasivo de lo que tienen en su activo. En vocabulario empresarial esto se define como quiebra aunque de momento no suspendan pagos de la deuda soberana. Por tanto, si Grecia está en números rojos ¿por qué las autoridades europeas y nacionales ponen parches sin fin y no soluciones óptimas y ordenadas para encontrar una solución lógica a esta problemática como la posible salida de Grecia de la Unión Monetaria?

La solución a esta pregunta es su miedo al efecto dominó que esto podría suponer para el resto de Estados del Área Euro. Si bien es cierto, en la ratificación del Tratado de Lisboa, en el artículo 50, se incluyó por vez primera la posibilidad de salida de la Unión Europea (UE), siempre y cuando se hiciese de forma voluntaria con acuerdo de los 27 países miembros y, por tanto, prohibiéndose férreamente la expulsión por parte del resto de Estados. Pero este tratado no hace mención alguna a una posible vía de escape o expulsión de la Unión Monetaria Europea (UME), incluso llegando a determinar irrevocable la entrada en la UME. Por tanto, que si en este caso Grecia quisiera abandonarla estaría obligada a dejar su presencia en el marco de la UE, dado que no podría salir de la Unión Monetaria sin dejar de pertenecer a la UE.

La legislación suele llevar consigo un proceso lento y arduo, y aun más si estamos hablando de la UE, ya que convergen distintos intereses y necesidades por parte de cada Estado miembro. Además no podemos obviar que nos encontramos en plena campaña electoral en muchos de los países europeos, por lo tanto, los intereses nacionales se anteponen y la problemática europea se pospone.

Sin embargo, las consecuencias de un abandono o expulsión de un Estado miembro con las características de Grecia implicaría ciertos costes que no hay que dejar de tener en cuenta, como la creación de una nueva divisa y los costes ocasionados por el posible ataque de los mercados al resto de economías periféricas. Además, habría ciertos aspectos que cabe enumerar:

- La deuda podría permanecer en euros o en la nueva divisa, y ello tendría implicaciones fiscales distintas en cuanto a potestades se refiere.
- Los depósitos de la banca se convertirían a la nueva divisa, lo que podría provocar la retirada masiva de depósitos ante la incertidumbre de la situación.
- Si la expulsión se hace ante el actual marco legal, se estaría violando la Constitución Europea y como está recogido en el Tratado de Lisboa supondría una doble salida, por un lado de la UE y por otro de la UME. Por tanto, la libre circulación de capitales y personas se acabaría entre otras muchas ventajas que conlleva pertenecer a la UE.
- Creación de aranceles y políticas de proteccionismo en materia de comercio exterior.
- Posibles desórdenes civiles e incluso llegando a conflictos bélicos en una casuística extrema.

Continuando, en términos de costes, el coste de rescatar a Grecia asumiendo una quiebra total de su deuda soberana podría ser para un ciudadano alemán un impacto de 1000€ en el momento en que ésta se produzca. En cambio, si Grecia abandona el Área Euro el coste lo asumiría el ciudadano heleno, lo que se estiman que podrían ser unos 10.500 € el primer año y unos 3.500 en años venideros.

Una posible solución, al caso heleno sería llevar a cabo un proceso ordenado con una quita inicial en su deuda, hasta que el proceso legislativo pudiese acometer su función dando la posibilidad de abandonar la UME de una forma lo menos traumática posible intentando reducir o apaciguar los costes. Ya que sería lógico legislar que si un Estado incumple reiteradamente los requisitos marcados, teniendo un déficit público mayor al 3% del PIB y una deuda pública superando el 60% de su PIB, pudiese haber un mecanismo para poder abandonar la UE si se solicitase o poder ser expulsado de la misma.