Una de las medidas más discutidas y que más difíciles han hecho las negociaciones es la de la separación de la propiedad entre redes de suministro y operadores de red, conocida como "ownership unbundling". Los países de la UE podrán finalmente, según el compromiso, elegir entre tres fórmulas de separación patrimonial tanto para el gas como para la electricidad: la división total entre producción, transporte y distribución de energía; la introducción de un operador independiente del sistema (ISO, por sus siglas en inglés); o de otro que controle la transmisión (ITO, también en inglés).

El tercer modelo fue el que más dudas despertó entre los Veintisiete porque aunque, según defendía Alemania, incluía salvaguardas suficientes para garantizar la separación, para otros aún no había demostrado funcionar en la práctica. La Eurocámara, que era firme defensora de la separación patrimonial, ha aceptado finalmente los otros modelos al considerar que el mercado y las políticas de competencia "ya están llevando en la práctica a esa situación", explicó en rueda de prensa la eurodiputada británica Eluned Morgan.

Además, los parlamentarios aseguran que cediendo en ese punto se ha logrado a cambio más independencia de los reguladores nacionales y más derechos para los consumidores, Según el PE, el acuerdo supondrá un "claro refuerzo de los derechos de los consumidores", que podrán cambiar de suministrador de gas o electricidad en tres semanas y sin ningún gasto y que recibirán obligatoriamente una mayor información sobre su consumo y facturación.

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Además, la nueva legislación prevé compensaciones para los usuarios en caso de que las empresas no cumplan con los niveles de calidad, por ejemplo, por errores o retrasos en las facturas. También se impulsará, según Morgan, la implantación de "contadores inteligentes" que ayuden a reducir el consumo, en especial, en las horas puntas. El pacto entre los eurodiputados y los Estados miembros obligará a las autoridades a garantizar el servicio de electricidad a todos los hogares independientemente de su ubicación y a que el acceso tenga precios "razonables" y "transparentes".

Las dos directivas y tres reglamentos que forman este dossier incluyen también la creación de una Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores Energéticos, que aprobará líneas de actuación que posteriormente la Comisión Europea tendrá que hacer vinculantes para casos como los procedimientos en caso de emergencia. También se establecerán redes europeas para la cooperación entre los operadores de las líneas de transmisión de electricidad y gas y se obligará a estas compañías a presentar a las autoridades nacionales sus planes de desarrollo cada dos años.

La UE impulsará además medidas para reforzar la independencia de los reguladores nacionales y para reforzar la colaboración entre ellos a escala europea. El acuerdo, pendiente de aprobación final, mantiene también la llamada "cláusula de tercer país", con la que la UE quiere proteger a sus empresas de los gigantes energéticos extracomunitarios. "Queremos que las compañías de otros países entren en el mercado europeo, pero que se atengan a nuestras reglas", justificó el eurodiputado italiano Antonio Mussa

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