Después de que los hermanos Salazar fueran defenestrados el pasado 30 de abril, el órgano de administración encargó a KPMG una auditoría acerca de las operaciones de disposición de fondos por parte de los ex ejecutivos, un informe que posteriormente pasó al despacho CMS Albiña y Suárez de Lezo para analizar las responsabilidades a exigir.

Así, se redactó la querella por los presuntos delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta y, "en dos semanas" desde que se anunció que se presentaría la denuncia por la vía penal, ésta ha sido hoy admitida a trámite por la Audiencia Nacional.

Esto refleja, según las mismas fuentes, que el consejo de administración "hace las cosas eficientemente y en tiempo récord". La decisión de destituir a los Salazar, la provisión realizada para cubrir el desvío de fondos y la intención de realizar una ampliación de capital de hasta 200 millones de euros son otros de los factores que muestran que "se está llevando una gestión ordenada".

De este modo, ante la junta de accionistas que se celebrará el próximo 29 de junio, los nuevos gestores de la multinacional alimentaria podrán garantizar a los inversores que se están defendiendo "sus derechos y su patrimonio".