El Tribunal Superior de Justicia de Madrid notificará mañana al Ejecutivo regional y al Ayuntamiento de la capital si mantiene la suspensión cautelar que impide cualquier acción dirigida a aprobar los nuevos estatutos de Caja Madrid para adaptarlos a la ley autonómica de cajas vigente. En la vista pública celebrada esta mañana en la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en la que se vetó el acceso a los periodistas, el letrado de la Comunidad argumentó que si se mantienen las medidas cautelares ello irá en "perjuicio" del interés general, según informaron fuentes presentes en al acto. El Ejecutivo regional sostiene que dichas medidas cautelares impedirían la celebración de la Asamblea General de la caja del próximo lunes, en la que se votaría la aprobación de los estatutos de la entidad adaptados a la nueva ley de cajas regional.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid defendió las tesis por las que presentó un recurso contra la adaptación de los estatutos a la nueva ley de cajas, que reduce la representación del Consistorio capitalino en los órganos de gobierno de la entidad en favor de la Comunidad de Madrid. Una vez escuchadas ambas partes, el Tribunal decidirá si mantiene la suspensión cautelar, lo que implicaría, al menos, eliminar de la convocatoria de la Asamblea del próximo lunes la votación de la adaptación de los estatutos de la caja.

No obstante, dicho encuentro, al que están llamados los 320 representantes de Caja Madrid, podría celebrarse para votar el nombramiento del auditor externo de la entidad en 2009.

La comparecencia de los letrados del Ejecutivo regional y del Ayuntamiento de Madrid se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendiera ayer de forma cautelarísima (sin escuchar a las partes) cualquier acción dirigida a aprobar los nuevos estatutos de Caja Madrid.

Con esa decisión, se ordenaba a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid que se abstuviera de realizar cualquier requerimiento relacionado con la resolución que dictó el 3 de marzo por la que autorizaba el proyecto de adaptación de los estatutos y del reglamento electoral de Caja Madrid.

Además, el Tribunal instaba a la entidad financiera presidida por Miguel Blesa, a través de su consejo de administración, a no realizar "ninguna actuación destinada al cumplimiento de la resolución impugnada"