Aprovechamos para resumir el análisis de las consecuencias que la crisis actual tendrá sobre el mercado laboral español, que sin duda se va a ver afectado por la purga de los excesos del ciclo anterior y el lastre de la restricción fiscal, al encontrarse España en el proceso simultáneo de desapalancamiento privado y un duro ajuste presupuestario, lo que va a estancar la actividad económica, incluso con posible reentrada técnica en recesión en 2012.

Aunque se reinicia una lenta creación de empleo, con los datos del INE, la previsión de crecimiento económico y la dinámica poblacional, no parece posible que volvamos al número de ocupados de 2008 hasta el año 2019.

Sector público: principal destructor de empleo durante los próximos años

La Encuesta de Población Activa (EPA) del INE muestra que el conjunto del sector público (funcionarios, personal laboral e interino y en las empresas) emplea a más de 3.200.000 personas, de los que algo más de la mitad tiene estatus de funcionario. De esa cifra, el 52% está empleado en las denominadas "tareas esenciales del gobierno" (seguridad, educación, justicia y sanidad), mientras que hay 500.000 funcionarios en otras funciones y más de 1.000.000 de personal laboral y eventual en empresas públicas y otras tareas.

Dos datos relevantes:

· Desde 1995 Las Administraciones Públicas han acumulado un millón más de empleados (270.000 en la administración local y 920.000 en Comunidades Autónomas).

· Los salarios del sector público consumen el 34% de los ingresos tributarios y el 48% de todo el gasto excluidas prestaciones sociales.

No parece por lo tanto extraño pensar que una parte importante del ajuste presupuestario será por la vía de la reducción del empleo público.

Si España, con un gasto social que por razones demográficas seguirá creciendo, pretende alcanzar a partir de 2014 un superávit fiscal primario del 1% para lograr unas finanzas públicas sostenibles, los gastos de personal deberían reducirse en un 7% nominal en los próximos 3 años. Esto implica que cualquier incremento salarial debería ser compensado con reducciones del empleo público de similar magnitud: cada 1% de incremento salarial equivale a unos 30.000 puestos de trabajo menos en la Administración Pública. Con este esquema y por la vía de que la reducción de personal laboral e interino sea muy intensa, el empleo público podría volver al tamaño de 2006 (2.900.000 personas) a mitad de la década.

De modo que aunque el sector privado vaya a crear empleo (la gradual recuperación del consumo de los hogares y del turismo, nuevamente, permitirá estabilizar el empleo en los servicios, buena parte de autónomos, e incluso anima a pronosticar una tímida creación de empleo en los próximos años), esa mejora va a verse negativamente compensada por la destrucción de empleo del sector público.

Solamente la radical concentración y ajuste de costes de las Cajas costará una cifra próxima a los 50.000 puestos entre despidos y prejubilaciones. Del lado de los planes de ajuste de las Administraciones Públicas la destrucción será de unos 300.000 puestos en el sector público. También pesará la caída de recursos de las ONG y el desplome de las dotaciones a la Obra Social de las Cajas.

España: el país de los 5 millones de parados hasta 2014

Solamente la leve recuperación del empleo en la industria y los servicios (al margen de su tradicional distorsión estacional) pondrá fin al deterioro del mercado laboral, permitiendo que el número de parados y la tasa de desempleo inicien una tendencia descendente, tan ligera sin embargo que no permitirá que la tasa de paro baje del 20% (4.800.000) hasta 2014.

Las previsiones no son mucho mejores a partir de esa fecha, o al menos los motivos por los que las cifras puedan mejorar: será vía menor crecimiento de la población activa (por la inmigración y caída de la natalidad en los años 80-90) que la tasa de paro baje a cifras por debajo del 20%. Aun así, sin una mejora radical de la economía internacional, el menor ritmo de crecimiento (España quedará anclada en cifras inferiores al 2%) hará que la tasa de paro oficial no baje del 20% hasta 2014 y siga del 15% (3.500.000) hasta final de la década.

Una fractura social y reformas continuas.

A modo de apunte, entre las consecuencias cualitativas que a nivel laboral el ajuste fiscal va a causar, como resultado del recorte pronunciado de la inversión y gasto públicos, y el consiguiente estancamiento de la actividad que retrasará la salida de la crisis, nos encontramos con la creación de una generación perdida y una creciente divergencia entre clases sociales.

Adicionalmente ll envejecimiento de la población se va a acelerar y disparar la proporción de retirados por cada trabajador activo, lo que lastrará dramáticamente las cuentas públicas y el crecimiento, de modo que las obligación y demanda de reformas será algo continuo y no coyuntural del momento actual para hacer sostenible el sistema.