En este sentido, señaló que la medida tiene una "gran importancia económica, a pesar de su tecnicismo". Así, el crédito extraordinario se financiará con deuda pública y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2008, permitirá el arranque de esta inyección de liquidez dirigida a pymes que son solventes y viables, pero que se están viendo sometidas a una situación transitoria de restricción de crédito. Los otros 5.000 millones los aportarán las entidades financieras tras suscribir el convenio con el ICO.

Solbes explicó que la norma contiene también una modificación del artículo 163.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, que ayudará a las empresas a hacer frente a las dificultades que se están planteando en estos momentos por la depreciación de sus activos.
 

TRANSPARENCIA CONTABLE.

De manera excepcional, y sólo durante dos años, la disminución del patrimonio neto de una empresa por la depreciación del inmovilizado material, de las inversiones en inmovilizado y de las existencias, no se tendrá en cuenta a efectos de las reducciones de capital y de las causas obligatorias de disolución que contemplan la Ley de Sociedades Anónimas y la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, si bien estas pérdidas seguirán siendo contabilizadas, para garantizar la "transparencia" de su contabilidad.

También se modifica el artículo 36 del Código de Comercio para que las variaciones de valor en los instrumentos utilizados en las operaciones de cobertura de flujos de efectivo no se consideren pérdidas a los efectos de reducción de capital, distribución de beneficios y causa de disolución.

ABSTENCIÓN DEL PP E IU.

El diputado del PP Fernando López Amor tachó el texto como un "disparate desde el punto de vista jurídico y político", fruto de la "improvisación permanente" del Gobierno, si bien mostró su "apoyo beligerante" a que el crédito llegue a familias y empresas.

Por su parte, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, mostró su apoyo a la norma, aunque apostó por reformar el ICO para dotarle de los medios suficientes para gestionar los créditos, en la línea de una "banca pública". A este voto positivo se sumó el del PNV, de boca de su diputado Pedro Azpiazu, quien recordó el "habitual" apoyo de los nacionalistas vascos a las medidas económicas del Gobierno.

ICO COMO BANCA PÚBLICA

Una propuesta similar a la de CiU la hizo el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien justificó su abstención porque aunque ve necesario aportar liquidez a las empresas para estimular la creación de empleo, "tampoco le entusiasma".

Las diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, mostró su apoyo a la medidas, aunque criticó la falta de transparencia a la que puede llevar la norma en lo referente a la contabilidad empresarias.

Por su parte, la representante de NaBai, Uxue Barkos, expresó su apoyo al espíritu del texto, si bien recordó que su dotación es mucho menor que el de las medidas de apoyo a las entidades financieras, aprobadas hace dos meses, cuya eficacia cuestionó. "¿Es que no han dado resultado para dar liquidez a las familias y pymes?", preguntó

Por último, la portavoz de Economía del PSOE en la Cámara Baja, Inmaculada Rodríguez Piñero, señaló que la situación economía global que puede abocar a al economía mundial "a su primera recesión desde la Segunda Guerra Mundial" hace urgente medidas como las aprobada hoy, y no de utilizar a crisis de manera "oportunista".