En la clausura de un curso de verano de la Universidad de Oviedo sobre "La vivienda en el contexto socioeconómico", Corredor ha reconocido que España se encuentra en una situación "adversa y en una compleja crisis que se focaliza de forma muy especial en la construcción residencial".Las causas, según la ministra, hay que buscarlas en las turbulencias financieras internacionales, las hipotecas basura, la subida del petróleo, el aumento "desproporcionado" de los precios de la vivienda y el suelo durante los últimos años, y el incremento de los tipos de referencia hipotecarios.Este escenario adverso ha provocado una "profunda crisis" en el sector de la vivienda que, según Corredor, afecta tanto a empresas y trabajadores del sector como a promotores, entidades financieras, suministradores, industrias auxiliares y particulares.Tras recordar que todo este sector supone el 18% del PIB nacional, Corredor ha incidido en que el problema se ha agravado por la falta de vivienda en alquiler y por el hecho de que la vivienda se convirtió en "refugio razonable" de la inversión, para devenir en un "mecanismo acelerador de la especulación"."Es especialmente preocupante el uso generalizado de un bien de primera necesidad como medio de enriquecimiento pasivo", ha señalado la ministra, para quien esta "crisis de coyuntura" debe servir para sacar las enseñanzas necesarias y que no vuelva ocurrir y para "cimentar una estructura social y económica sólida muy diferente".Según la titular de Vivienda, el Gobierno es consciente de esa labor y ha emprendido acciones con ese fin, "no con la finalidad de impedir un ajuste en el sector, que era además deseable y necesario, sino para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la vivienda".No obstante, ha señalado que ese punto de partida no supone que el Gobierno no tenga en cuenta los intereses legítimos de los sectores económicos implicados o que no intente paliar las consecuencias que la coyuntura les está infringiendo, sobre todo en lo que atañe a los trabajadores.Corredor también ha alertado de que España no puede seguir permitiéndose el ritmo de construcción expansiva de los últimos años y es "imprescindible" sustituir ese modelo por otro que atienda a la renovación del parque existente, que no consume suelo, pero sí mano de obra, por lo que estimula el mantenimiento del empleo.