Con dicha emisión multiplicaba por más de dos el importe inicialmente previsto, que ascendía a 500 millones de euros, debido a la fuerte demanda registrada en el mercado.

Según la caja madrileña, que recientemente aprobó su integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP) que lidera junto a Bancaja, las emisiones realizadas reflejan el creciente interés de los inversores institucionales por la deuda de entidades financieras españolas con elevada solvencia.