Resultaba curioso. Cristina Fernández no se había manifestado tras la decisión de los tribunales estadounidenses. Pero ayer grababa un discurso que se emitía en televisión para anunciar que el gobierno prepara un proyecto de ley.  (
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Según publican los medios argentinos, el ejecutivo quiere reabrir de nuevo el proceso de canje de deuda para todos aquéllos bonistas que no se unieron ni en 2005, ni en 2010. Aunque no se conocen muchos detalles, el equipo de la presidenta intentaría cambiar los títulos existentes que cotizan bajo la legislación estadounidense, por otros que estarían bajo la jurisidicción argentina.  (Ver noticia de Clarín)

Según dice el rotativo argentino los fondos buitres (con NML Capital y Aurelius Capital a la cabeza) representan el 0,45% de la totalidad de la deuda argentina.

En su discurso, Cristina Fernández anunció tres decisiones. Entre otras, quiso “pedirle a Dios que ilumine a la Corte Suprema de los Estados Unidos”, para intentar que falle a favor del país latinoamericano. Por otro lado, la intención la propuesta del gobierno argentino de llevar al Parlamento el proyecto para reabrir el canje de deuda. Así, se derogaría la famosa “Ley Cerrojo” del 2010, que no permitía hacer reestructuraciones.

Por último, la tercera propuesta realizada en televisión por parte de la presidenta argentina fue la de de proponer a todos los poseedores de bonos que los cambien, con el fin de evitar los tribunales de ese Estados Unidos, que no puedan afectar más al pago de los bonos argentinos.

La oposición ya se ha levantado  y aseguran que la reapertura del canje podría costar a Argentina más de 4.000 millones de dólares.

Por el momento, el economista y ex gobernador del Banco Central del país, Alfonso Prat Gay ha asegurado que "estamos de acuerdo con la idea de reabrir, peero no en términos menos favorables de los que ya entraron, semejante regalo es inaceptable". Aunque todavía no se conocen los detalles del nuevo canje.

Mientras tanto, los fondos buitres aseguran que no cambiarán sus títulos por otros que estén bajo jurisidicción argentina, ya que el país cambia constantemente las reglas del juego. Afirman también que ellos son inversores a largo plazo y que pueden esperar.

Si la Corte Suprema ratifica la decisión anterior,  Argentina tendrá que pagar a los fondos buitres el 100% de su inversión.