El Fondo de Accesibilidad Terrestre Portuaria se ha aprobado, finalmente, como un “fondo retribuido o remunerado” a cada instalación portuaria del Estado Español, según lo que cada uno aporte. Se zanja así la polémica por la que cada puerto nacional tenía que ceder un 50% de sus beneficios para su empleo en otras instalaciones.
Uno de los puertos más afectados por esta normativa era el de Barcelona que, de haberse aprobado tal y como se preveía en un inicio, hubiera visto recortada su autonomía e independencia financiera. Así, tras negociaciones entre la Conselleria de Territori y el Ministerio de Fomento, se han podido blindar los ingresos que logre cada puerto y garantizar que “sean para el propio puerto”.
El fondo admitirá retribuciones voluntarias en forma de ”préstamos”, cuya reglamentación se acabará de detallar en un futuro próximo. El acuerdo también admitirá que los puertos puedan invertir más allá de su dominio, en instalaciones ferroviarias, por ejemplo, u otras infraestructuras.
N.J.
