Como si no fuera con ellos, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner continúa en sus trece. A pesar de que ayer el tribuna del juez Griesa declarara al país en desacato, ellos siguen con su estrategia.

Hoy han depositado 161 millones de dólares en la entidad Nación Fideicomisos para pagar el cupón del vencimiento de uno de los bonos reestructurados, el bono par. 

En el ministerio de economía aseguran, según todos los medios, que los propietarios de los bonos ahora pueden pasar a cobrar el cupón correspondiente al mes de septiembre. Aunque por lo que parece no va a ser tan fácil.

Nación Fideicomisos es la entidad que ha sustituido en esta labor al Bank of New York Mellon y es esta última la que tiene que acreditar los titulares del bono, algo que no hará para cumplir con la legislación estadounidense y las diferencias sentencias del juez Thomas Griesa.

El magistrado ya ha avisado que cualquier entidad que participe en esta entidad será considerado “cómplice” de Argentina.

Es decir, en este momento, el país habría intentado evitar lo sucedido en el mes de julio, cuando entró en default técnico al verse imposibilitado para hacer el pago de los intereses de los bonos reestructurados en 2005 y 2010.
Todo porque la justicia estadounidense considera que antes de que se realicen estos pagos, tendrían que cobrar los fondos buitres que no aceptaron esos dos canjes. El problema no es hacer ese pago –algo a lo que Argentina se niega-, sino que va más allá.

Si Argentina pagara, se activaría de forma inmediata una clausula que obliga a Argentina a dar el mismo trato a todos los bonistas. Es decir, que si pagara a los buitres el 100% del bono, tendría que hacer lo mismo con el resto de los inversores, lo que elevaría exponencialmente la cantidad.

El lunes el juez Griesa declaró en desacato al país, por no cumplir el fallo que les obliga a pagar los 1.300 millones de dólares a los fondos buitre. Algunos medios aseguran que la situación sigue enrareciéndose y que lejos de llegar a un acuerdo, los fondos han pedido al juez que les imponga una multa de 50.000 dólares por cada día que no pagan. Algo que, por el momento, la justicia americana aún no ha aprobado.

Mientras tanto, después de algo más de 100 días, el resto de bonistas sigue atrapado en medio de este fuego cruzado sin poder cobrar los cupones de sus títulos.