Estos datos ponen de manifiesto que los ingresos mínimos necesarios para adquirir un inmueble cada vez se alejan más del poder adquisitivo real de los jóvenes, aunque hay diferencias según las comunidades. Así, la diferencia es mayor en el País Vasco (258,50%), Islas Baleares (255,72%), Madrid (236,86%), Cataluña (222,20%) y Cantabria (201,13%).

A pesar de estas cifras, el informe también pone de manifiesto que el coste de acceso a la vivienda (el porcentaje de ingresos que una persona debe destinar a la compra de una casa) bajó trimestralmente entre octubre y diciembre de 2008 por primera vez desde el año 2001. En el conjunto de España el coste cayó un 2% en el último trimestre del año.

Así, los jóvenes tendrían que destinar el 85,9% de su renta a comparar una vivienda frente al 30% que el Consejo de la Juventud estima razonable. Por provincias, Vizcaya (111,6%), Barcelona (110%), Guipúzcoa (106,6%), Baleares (106,7%) y Madrid (101,1%) son las que registran los mayores índices de inaccesibilidad.

Los mínimos, en cambio, se situaron en Teruel (45,6%), Cáceres (45,8%), Ciudad Real (47,4%), Cuenca (48,1%), Palencia (54,4%), Badajoz (55%) y Lérida (55,5%.

Este descenso, provocado por la bajada de los tipos de interés y del precio de la vivienda, ha coincidido con una coyuntura laboral muy negativa, ya que apenas en tres meses la cifra de personas jóvenes en paro y sin recursos para afrontar el pago de una vivienda ha aumentado un 20,82% y ya supone el 18,2% de toda la población joven activa y el 27,6% en el caso de los menores de 25 años.

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En cuanto a superficie, el informe asegura que si una persona joven pudiera adquirir una vivienda libre sin endeudarse por encima del 30% de su renta, esta vivienda no podría pasar de los 34,9% metros cuadrados construidos, aunque al hablar de alquiler llegaría a los 41,4 metros cuadrados.

SIGUEN CRECIENDO LOS JÓVENES EMANCIPADOS, PERO MENOS.

El observatorio pone también de manifiesto que el año 2008 cerró con un nuevo incremento, aunque menor, en las cifras de personas jóvenes emancipadas, ya que más de 5 millones de personas de entre 18 y 34 años lograron abandonar su hogar de origen, lo que supone el 46,3% del total de jóvenes.

Por todo, el Consejo de la Juventud reivindicó la puesta en marcha inmediata de políticas que hagan posible el derecho que tienen los jóvenes para emanciparse y propuso promocionar planes de emancipación juvenil, crear institutos públicos de vivienda para que gestiones ayudas, proporcionar un número suficiente de viviendas asequibles, garantizar un cupo de viviendas para jóvenes o establecer un porcentaje obligatorio de reserva de VPO, entre otras cosas.

Según el vicepresidente del Consejo de la Juventud, José Luis Arroyo, las administraciones públicas tienen que coordinarse para favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda en España y fomentar la política del alquiler como alternativa real a la compra.

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