En esta evolución no se refleja el impacto de la reforma de la Ley Concursal, la que se aplica a los procedimientos de insolvencia, que fue aprobada por el Gobierno el pasado 27 de marzo y que entró en vigor el 1 de abril, con el objetivo de apoyar a las empresas viables y frenar la presentación de concursos de acreedores, que ascendieron al récord de 2.902 en 2008.

Como en trimestres anteriores, el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria volvió a encabezar el número de insolvencias, al registrar el 35% del total (un total de 475).

Los Juzgados de lo Mercantil y los que hacen estas funciones en las provincias donde no existen juzgados especializados acogieron además 324 concursos de empresas industriales y de energía, lo que supone el 23,9% del total, en tanto que el sector del comercio acaparó el 17,8% de las insolvencias, hasta 242.

Por tipo de concurso, 1.470 fueron presentados de forma voluntaria en tanto que 88 fueron necesarios (instados por acreedores), lo que supone un aumento interanual del 280,8% y del 125,6%, respectivamente.

Por tipología de empresas, seis de cada diez fueron pymes, al tener un volumen de negocio inferior a dos millones de euros y ser mayoritariamente sociedades de responsabilidad limitada.

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De hecho, el 39,1% del total de empresas concursadas en el primer trimestre del año se concentró en el tramo de 10 a 49 asalariados.

En cuanto a la distribución geográfica de las empresas y particulares insolventes, las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía concentraron el 59,2% del total de deudores concursados en el primer trimestre de 2009.

Cataluña fue la comunidad autónoma a la cabeza de las insolvencias, con un total de 373 concursos de acreedores, de los que 35 correspondieron a personas físicas sin actividad empresarial.

A continuación se colocó Valencia, con 196 concursos, de los que 19 fueron particulares, en tanto que Madrid acaparó 180 insolvencias, de las que 27 fueron de ciudadanos no autónomos.

La cuarta comunidad con mayor número de suspensiones de pagos fue Andalucía, con 173 concursos, de los que 34 fueron de particulares, el segundo mayor número tras Cataluña.

Por el contrario, Cantabria, La Rioja, Navarra y Extremadura fueron las comunidades con menor número de deudores concursados.

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