En las empresas en las que existe un plan contra el fraude, uno de cada dos directivos asegura que que cada cinco años actualiza y adapta su programa, con el objetivo de incorporar medidas más estrictas, mientras que un 9% reduciría la normativa existente y un 17% no haría cambios de ningún tipo.
Por otro lado, del informe se desprende que cuatro de cada diez directivos de todo el mundo considera que las compañías deben investigar y tratar sus propios problemas internos en lugar de recurrir en primer lugar a las autoridades competentes.
Además, un 73% de los directivos encuestados por Deloitte asegura que tendría tolerancia cero con sus empleados corruptos, llegando a tomar medidas disciplinarias como el despido.
El estudio desvela la creciente importancia de la auditoría interna en la lucha contra el fraude, ya que asegura que ocho de cada diez directivos ven esta práctica como la mejor fuente para medir la efectividad de los programas contra el fraude.
De hecho, el 47% de los encuestados mencionó que integrar un programa de fraude en sus sistema interno de auditoría podría ayudar a detectar y prevenir el fraude de las manera más eficaz, y el 32% preferiría que sus organizaciones invirtieran más en los programas de lucha contra la corrupción.
A la hora de hacer frente a un incidente de fraude, un 39% pediría asesoramiento a los altos directivos, mientras que un 24% prefiere al consejo general y el 21%, al responsable de cumplimiento normativo.
