El Instituto Santalucía, órgano de reflexión del Grupo Santalucía, constata en un informe la mejora que experimentaron los indicadores de sostenibilidad del sistema de pensiones a cierre de 2021 en comparación con 2020 y con 2012.
Así, la tasa de afiliación (relación entre el número de afiliados y la población en edad laboral de 20 a 64 años) se ha incrementado casi tres puntos en el último año, hasta alcanzar el 68,1%, lo que supone diez puntos más sobre el 58,1% registrado en 2012.
Al mismo tiempo, el número de afiliados por pensionista escaló a cierre del año pasado a 2,21, frente al 2,14 en 2020 y al 2,01 de 2012). Se trata de un "dato positivo" para los expertos que han elaborado este informe, pero que "todavía está lejos" de los aproximadamente 2,6 afiliados por pensionista que serían necesarios para que desapareciera el actual déficit contributivo de la Seguridad Social.
También aprecian mejoras en los indicadores contables de ingresos, gastos y saldo en la parte contributiva respecto a 2020, pues los ingresos por cotizaciones se incrementaron un 10,6% en 2021, de manera que los ingresos contributivos representaron el año pasado el 11% del PIB "por primera vez en la historia".
Mejora, asimismo, aunque muy levemente, la edad efectiva de jubilación, que sube desde los 64,51 años de diciembre de 2020 a 64,55 años en diciembre de 2021, "una cifra menor de lo que se esperaría por el aumento de la edad legal de jubilación hasta los 66 años en 2021", según el informe.
Los expertos del Instituto Santalucía destacan también el aumento de la pensión mensual media por pensionista desde los 919,77 euros/mes de 2012 a 1.146,66 euros al mes en 2021.
El informe recoge además un estudio sobre el proyecto de ley de impulso de los planes de pensiones de empleo elaborado por los profesores de la Universidad de Extremadura, Inmaculada Domínguez y Borja Encimas; de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García; y de la Universidad de Valencia, Mar Devesa, Robert Meneu y Enrique Devesa.
Para los autores, supone una "buena iniciativa" tanto la creación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos, como los planes de pensiones de empleo simplificados.
No obstante, sobre el objetivo de llegar a un mayor número de partícipes, señalan que ello dependerá del comportamiento de la empresa, tanto respecto a las contribuciones que realice a favor de los trabajadores, como de los acuerdos colectivos de carácter sectorial que pueda alcanzar, algo que, a su juicio, no se ve favorecido por la falta de incentivos fiscales "notorios" para la empresa.
Al mismo tiempo, resaltan la "grandísima limitación" que se ha aplicado en las aportaciones y en las reducciones fiscales a planes de pensiones del tercer pilar (el individual) sin haber regulado previamente las condiciones del segundo pilar (los promovidos por las empresas).
