MADRID, 07 AGO. (Bolsamania.com/BMS) .- La banca del principado de Androrra tiene indicios que aputan a un ex trabajador de Banca Privada d’Andorra (BPA) como el delator que vendió la información de las cuentas bancarias de los Pujol Ferrusola a cambio de dinero.Lea también: Pujol e hijos, una fortuna familiar con más sombras que luces

El Diari d’Andorra ha destapado la exclusiva sobre las investigaciones que las autoridades bancarias del país vecino están llevando a cabo alrededor de las filtraciones de los datos de las cuentas del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol, y de sus hijos y esposa.
BPA habría identificado a la persona responsable de filtrar la información sobre el dinero no regularizado de Pujol. Según la versión del diario, el sospechoso sería un ex alto cargo de BPA proveniente de otra entidad bancaria de Andorra a quien debería de dinero por haber roto el contrato de forma unilateral.

Explica el Diari d’Andorra que BPA había comprometido a pagar dicha cláusula, pero finalmente se echaron atrás. Ante esta situación, el alto ejecutivo habría "comercializado" la información ante una "oferta" de la propia Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), según el diario.
El rotativo atribuye además a fuentes bancarias andorranas que la UDEF estaría ofreciendo grandes cantidades de dinero a directivos de entidades de ese país para que cooperaran en la investigación de las cuentas y propiedades de los Pujol Ferrusola.Lea también: La confesión de Pujol confirma el informe de la UDEF
Banca Privada d’Andorra ha abierto una investigación interna para encontrar pruebas de la relación entre el supuesto delator y la revelación de las cuentas de Pujol. La ley andorrana del secreto bancario del 1995 establece que los directivos y trabajadores de banca que revelen información sobre cuentas de clientes prevé sanciones de entre 12.000 y 300.000 euros y hasta tres años de prisión.
PRESIONES A BPA
Sin embargo, esta versión publicada por el diario andorrano contrasta con la información dada por La Vanguardia. Según este medio, el capital de la herencia que Jordi Pujol mantuvo 34 años en el Principado, pasó en diciembre de 2010 de la entidad Andabank a BPA, un movimiento que generó una documentación que, cuatro años después, acabó en manos de la policía española.
Explica La Vanguardia que este documento habría sido facilitado por la propia Banca Privada d’Andorra, ante el temor de poder perder la licencia para ejercer en España como banca privada a través de Banco Madrid. Según un informe policial publicado el pasado 7 de julio, que desencadenó las acciones de la Agencia Tributaria, "aunque de manera forzada y obligada por las circunstancias” BPA habría optado por colaborar.