Había una novedad en todo esto, que la entidad no gestionaría el plan de pensiones directamente, sino una sociedad llamada VidaCaixa. Estas variaciones se produjeron en el 2000, tras el acuerdo de la entidad y los sindicatos, a “quienes la plataforma critica por haberse extralimitado de sus funciones”, afirman el diario Expansión.
Cada empleado firmó un escrito para demostrar que estaba dispuesto a esos cambios, pero ellos aseguran que si hubiesen estado bien informados y contado con toda la información no hubiesen firmado y autorizado esta variación.
Según ellos “se ocultaron datos clave”, pero ellos nunca pensaron en algo así ya que “La Caixa había sido una entidad proteccionista y confiábamos en ella”.
Los dos recursos presentados por los jubilados han sido desestimados en un juzgado de primera instancia y en la Audiencia Nacional, asique ellos mismos afirman que “acudiremos al Tribunal Constitucional y no descartamos ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
