Según el colectivo, estos contribuyentes podrían haber incurrido en delito fiscal, ya que desde 2013 la ley española considera imprescriptibles los bienes en el extranjero no declarados, de forma que su valor tributa como ganancia patrimonial no justificada al tipo marginal del Impuesto sobre la Renta del último año no prescrito, que en este caso sería 2011.
De esta forma, la propiedad de acciones en estas sociedades panameñas con un valor por encima de los 244.898 euros y los 272.727,3 euros, dependiendo de la comunidad autónoma de residencia, determinaría la comisión de un posible delito fiscal si la cuota defraudada excede los 120.000 euros.
Por el contrario, en aquellos casos en que la cuota descubierta no supere los 120.000 euros, la AEAT impondría una multa del 150% del importe por la comisión de una infracción tributaria catalogada como muy grave, la cual es sancionada con la pena legal máxima.
No obstante, de estas consecuencias se librarían los contribuyentes que hayan declarado correctamente el modelo 720 de bienes situados en el extranjero, así como los autónomos y personas jurídicas residentes que tengan contabilizadas e identificadas estas sociedades de Panamá.
Los Técnicos de Hacienda consideran desproporcionadas estas sanciones ya que se aplican en su nivel máximo, cuando la norma común que impera en la Ley General Tributaria establece por infracción muy grave una multa dineraria proporcional del 100% al 150% de la cantidad defraudada, al igual que el resto de sanciones por omisiones o por declarar fuera de plazo el modelo para bienes en el extranjero. En este sentido, cabe recordar que la Comisión Europea ya abrió un procedimiento de infracción contra España el pasado 19 de noviembre en relación a estas sanciones.
Finalmente, Gestha insta a la dirección en funciones de la AEAT a que inicie con carácter inmediato las inspecciones pertinentes a aquellos españoles que figuran como titulares o vinculados a sociedades opacas en la lista de Panamá, para evitar que presenten declaraciones complementarias con las que esquivar las sanciones y condenas respectivas por los delitos fiscales que habrían podido cometer.
Además, el colectivo reclama a la Agencia que aumente las competencias de los 8.500 Técnicos del Ministerio de Hacienda para la asunción de mayores responsabilidades, lo que mejoraría la eficacia para prevenir y reducir el fraude, ya que se dedicarían más esfuerzos a perseguir la evasión de las bolsas de fraude en multinacionales y grandes patrimonios. En la actualidad, el 80% de los recursos de la Agencia Tributaria se dedica a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores, lo que deja muy poco margen de actuación en la lucha contra el gran fraude.
