MADRID, 20 AGO. (Bolsamania.com/BMS) .- Desde que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) instase a los Gobiernos de España y Gibraltar a investigar el presunto contrabando de tabaco que se realiza desde el Peñón, que hace perder a las arcas españoles cerca de 718 millones de euros anuales, se han producido varios cruces de acusaciones en las que ambas partes se culpan del problema.

El último en pronunciarse ha sido el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, que ha acusado a España de estar detrás del crimen organizado y el contrabando de tabaco que está investigando la Audiencia Nacional.

En una entrevista concedida a El Economista, Picardo ha asegurado que su Ejecutivo ha tomado importantes medidas para frenar el contrabando, como la subida de impuestos o las restricciones a la venta de tabaco.

'ESPAÑA HA HECHO UN USO POLÍTICO DEL INFORME'

Además, ha subrayado que "el Gobierno español ha hecho un uso político del informe" de Olaf y que se ha encargado de filtrar los patrones de actuación a la prensa, "como se hacía en tiempos de Franco".

También ha defendido que las acusaciones de Olaf van dirigidas a bandas de crimen organizado que operan en España y que la organización ha dispuesto de datos para elaborar el informe porque el Gobierno de Gibraltar se los ha proporcionado.

NO TODO EL CONTRABANDO ES DE GIBRALTAR

Picardo ha puesto énfasis en que la disminución recaudatoria por el contrabando del Tabaco no es un problema que viene sólo de Gibraltar. "Entra contrabando no solo por la frontera de La Línea, sino también por zonas como Algeciras, por el norte, por las Islas Canarias", ha añadido.

"España hace cerca de 10 millones de incautaciones al año, de las que solo dos millones son del Campo de Gibraltar y de ahí solo un millón de la frontera de La Línea", ha asegurado Picardo. "Nosotros también actuamos. El año pasado incautamos aquí unas 270.000 cajetillas", ha añadido.

'NO SE PUEDE PONER UNA DEMANDA CONTRA UN PUEBLO ENTERO'

"Si un gibraltareño ha cometido una infracción habrá que investigarlo y actuar. Lo que no se puede hacer es poner una demanda contra un pueblo entero. Y lo que no puede pretender la Guardia Civil es llevarse a ese ciudadano. (…) Hay que pedir la extradición", ha concluido el mandatario del Peñón.