Según informa El Mundo, que ha tenido acceso a la lista completa de bonos que podría comprar la autoridad monetaria de la zona euro, Cataluña no figura en ella. Es así la única comunidad autónoma española que no tendría derecho a que su deuda fuera comprada por el BCE para contribuir a aliviar la presión del mercado.
Cataluña es la única comunidad autónoma española que no tendría derecho a que su deuda fuera comprada por el BCE para contribuir a aliviar la presión del mercado
Las fuentes consultadas por el diario de Unidad Editorial apuntan a que los bonos de la Generalitat no reúnen los requisitos mínimos de calificación de solvencia para que puedan ser comprados por el BCE, ya que las reglas de la institución presidida por Mario Draghi exigen que el activo tenga grado de inversión, salvo si está en algún tipo de programa de rescate financiero con ciertas condiciones como ocurre con Grecia.
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¿FLEXIBILIDAD?
En este sentido, el BCE ha sido flexible y sí incorpora a la lista a regiones que tienen una calificación de bono basura para alguna de las tres principales agencias de rating (S&P, Moody's y Fitch) pero no en todos los casos, como por ejemplo Comunidad Valenciana o Andalucía.
Sin embargo, con Cataluña no tienen dudas. La última en mover la nota fue S&P, que ya de por sí la tenía en bono basura, y la redujo en un escalón el 18 de marzo hasta B+, a cuatro escalones del grado de inversión (a partir de BBB-).
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FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO

S&P recordó en su última actualización para Cataluña que en el cuarto trimestre de 2015 y en el primer trimestre de este año, la Generalitat ha buscado la aprobación del Gobierno central de la refinanciación de vencimientos de deuda bancaria a corto plazo mediante nueva deuda a largo plazo, algo que estaría pendiente de aprobación por parte de La Moncloa.
La agencia estima que Cataluña cubrirá con generación de caja interna 'sólo' el 40% de las necesidades del servicio de la deuda de Cataluña para los próximos 12 meses, hasta febrero de 2017. El resto lo cubriría la liquidez que aportaría el Gobierno central. En total, la Generalitat deberá pagar 6.700 millones de euros en vencimientos de deuda a largo plazo, según la calificadora.
En cuanto a la perspectiva negativa del rating, "refleja nuestra opinión de que las tensiones políticas entre el Gobierno central y Cataluña podrían agravarse más en los próximos 12 meses", dijo la nota emitida por S&P. "Si tenemos en cuenta que estas tensiones podrían interferir con el buen funcionamiento del apoyo a la liquidez que da el Gobierno central, se podría reducir la calificación en uno o dos escalones".
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