El reciente acuerdo de la Unión Europea, que obligará a las multinacionales a detallar los impuestos pagados en cada país y su presencia en paraísos fiscales, es una excelente noticia. Para las multinacionales españolas, que vienen cumpliendo desde el año 2017 esta práctica, no constituye ninguna novedad sino, más bien, una confirmación de que la transparencia y responsabilidad fiscal de las empresas va a ir ganando peso y visibilidad en el futuro.
No hay que olvidar que en el ranking de paraísos fiscales corporativos elaborado por Tax Justice Network1 figuran cuatro países europeos y se sitúan entre los 15 primeros: Holanda (4), Luxemburgo (6), Irlanda (11) y Reino Unido (13). Vencer la resistencia de estos países no ha resultado sencillo y no hay que descartar que los obstáculos continúen hasta que este acuerdo entre en vigor con toda su letra pequeña.
Como recoge el informe, el avance que se ha producido durante estos siete últimos años en relación con la información sobre fiscalidad responsable es muy notable. No solo por el progreso generalizado de casi todas las empresas analizadas en la muestra, sino por la calidad de la información de aquellas que ocupan las primeras posiciones.
En efecto, que tan solo tres empresas hayan obtenido el calificativo de opacas cuando el primer año esta etiqueta se asignó a treinta de las 35 empresas del IBEX es un hecho que habla por sí mismo. Al igual que el número de empresas calificadas de transparentes haya aumentado de tan solo una a doce compañías.
Aunque el progreso, como se señala, es considerable, la asignatura pendiente sigue siendo el papel del órgano de gobierno en la supervisión de estas cuestiones. Este año el informe contiene una sección especial en la que analizamos el papel de los comités de auditoría en la rendición de cuentas y supervisión de la responsabilidad fiscal.