El proceso judicial comenzó cuando los accionistas minoritarios de Repsol, tras la expropiación de la empresa argentina a la española, reclamaron una indemnización por la actuación de
YPF. Sobre todo, su postura se agravó tras conocerse el convenio firmado con Chevron
. (ver Indicador Premium de Chevron)
Según los abogados de YPF, la información que requiere la Justicia es de correspondencia “privada” y que contiene “secretos industriales”, a tenor de la información que publica el diario Clarín.
Además, el texto incluiría detalles de estructuras financieras, bancarias y operativas que “podrían comprometer la operatividad de YPF y la transparencia en la cotización de sus acciones”, añadieron, en palabras que recoge el rotativo argentino.
El contenido del acuerdo había sido solicitado por la jueza federal en lo Contencioso Administrativo Liliana Heiland, que remplazó a José María Sarmiento en el caso. Fue precisamente esta última la que había decidido pedir la información que habían exigido los accionistas minoritarios de Repsol, pero al momento de enviar el oficio se encontraba de licencia.
Sin embargo, el proceso ahora está tutelado por la jueza subrogante María Alejandra Biotti, secretaria de la Cámara de Apelaciones, dado que Sarmiento fue recusada “sin causa” por los abogados de YPF, apunta Clarín.
