La Comisión Europea interpuso esta multa a Telefónica
por abuso de posición dominante en el mercado de la banda ancha.
El Ejecutivo comunitario justificó la sanción alegando que, entre 2001 y 2006, el operador español cobraba a sus rivales precios excesivos por el alquiler de su infraestructura de red y les dejaba un margen de beneficios insuficiente para competir.
