"Si no se toman medidas decididas habrá efectos muy importantes en la economía y en el empleo", ha advertido Galindo en conferencia de prensa, en la que ha defendido la aprobación de medidas fiscales, aunque sean de carácter coyuntural, además de medidas financieras como la de que las administraciones públicas inyecten "directamente" dinero para subvencionar productos inmobiliarios determinados.Galindo ha propuesto también que el Gobierno garantice los títulos de determinadas entidades bancarias privadas, de forma que éstas puedan acudir a los mercados internacionales para conseguir dinero con el aval del Estado.Otras de las medidas que plantean los promotores inmobiliarios es que las administraciones públicas garanticen, mediante títulos, alquileres de determinadas promociones por un periodo de cinco años.Galindo ha abogado, además, por actuaciones de tipo sectorial, como una política de precios de suelo "asumible" y una mayor flexibilización en los desarrollos urbanísticos y, particularmente, en aspectos como el número de viviendas, de metros cuadrados e, incluso, en la promoción de viviendas "intermedias" entre las de protección oficial y las libres.Según Galindo, la edificación no residencial se está comportando "razonablemente bien", pero no es "suficiente", ya que ante la falta de confianza de los compradores, el sector reacciona "produciendo menos".Tras reconocer que se había llegado a una "sobreproducción" de edificaciones y a unos incrementos de precios "no sostenibles" -si bien, en los últimos años se estaba "corrigiendo"-, Galindo ha precisado que este año se está ajustando la situación con "bastante brusquedad" aunque la "caída" se notará en 2009, ya que muchas de las promociones iniciadas antes de la recesión aún no están concluidas.En los dos últimos años, la oferta de viviendas en España se ha situado en 600.000 anuales frente a una demanda potencial de unas 460.000 viviendas, entre las que se incluyen entre 60.000 y 80.000 viviendas secundarias.La edificación representa dentro del sector de la construcción un 76% -un 48% residencial y un 28% no residencial-, y el peso de la inversión de la construcción, que emplea a 2.700.000 personas, en el conjunto de la economía es del 17,8%.Respecto al compromiso del Gobierno andaluz de promover 700.000 viviendas, 300.000 de ellas de protección, en diez años, Galindo ha subrayado que para que se pueda materializar tienen que darse varias circunstancias y ha advertido de que "muchas veces, las administraciones son voluntaristas".Como requisitos imprescindibles, el presidente de la patronal inmobiliaria de Madrid ha citado los de una política de vivienda "realista", que pasa por la disponibilidad de suelo, y medidas financieras, ya que "si las entidades bancarias no financian a los promotores y a los compradores, no se puede materializar".