Una cantidad que equivale a algo más del 12% del PIB. Reclaman los técnicos de hacienda que “se agilice la armonización europea que califique como paraíso cualquier país, territorio o centro offshore que permita una baja o nula tributación para los no residentes y exista el secreto bancario, registral y mercantil”.
En su opinión, “no debe extrañar que entre el 30% y el 40% del dinero de los mayores patrimonios españoles esté camuflado en territorios con baja o nula tributación, incluso en países con los que España ha suscrito un Acuerdo de intercambio individualizado de información fiscal, porque España no puede pedir información que no conoce”.
Destacan datos de Oxfam en los que se manifesta que el dinero de españoles en paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro en el último año. Las cifras son manifiestamente claras. “uno de cada cuatro euros de inversión española va dirigida hacia un paraíso fiscal y más de la mitad (54%) de la inversión extranjera que entra en España proviene de territorios opacos”, afirman.
Los técnicos instan a la Agencia Tributaria (AEAT) a que abra una investigación a los residentes en España que aparezcan en los Paradise Papers por posible fraude fiscal. Indican que “la propiedad de títulos o acciones en sociedades opacas determinaría la comisión de un posible delito fiscal si la cuota defraudada excede los 120.000 euros. Por el contrario, cuando la cuota descubierta no supere esta cantidad, se impondría una multa del 150% del importe por la comisión de una infracción tributaria catalogada como muy grave”. Señalan que de estas consecuencias se librarían los contribuyentes que hayan declarado correctamente el modelo 720 de bienes situados en el extranjero, así como los autónomos y personas jurídicas residentes que tengan contabilizadas e identificadas estas propiedades.
Se quejan los técnicos de hacienda que en la actualidad el 80% de los recursos de la Agencia Tributaria se dedica a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores. “Esto deja muy poco margen de actuación en la lucha contra el gran fraude, en un momento en el que las empresas del Ibex 35 disponen de 1.285 filiales domiciliadas en paraísos y centros financieros offshore y la presencia de estas filiales en territorios opacos no deja de crecer”, dicen.
