En el comunicado remitido por Banco Santander anunciando la compra de Banco Popular por un euro, se explica que esta adquisición se produce “como resultado de un proceso competitivo de venta organizado en el marco de un esquema de resolución adoptado por el FROB” de conformidad con el Reglamento (UE) 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio, la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 y la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión”.

Bruselas entra en escena para evitar que el contribuyente tenga que hacerse cargo del rescate de una entidad privada y serán los accionistas los que respondan con sus títulos.

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Así, en este marco se ha producido “la amortización íntegra de la totalidad de las acciones de Banco Popular en circulación al cierre del martes y de las acciones resultantes de la conversión de los instrumentos de capital regulatorio Additional Tier 1 y Tier 2 en títulos de nueva emisión, todas las cuales han sido adquiridas por Banco Santander por un precio de un euro”.

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Recordemos que la entidad capitaneada por Emilio Saracho contaba con 1.250 millones de euros en bonos convertibles en manos de inversores institucionales.

En lo que va de año, sus acciones acumulan pérdidas del 65,47%. Suspendidas de cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el último precio que marcaron el lunes fue de 0,3170 euros. Tras el hundimiento de los últimos días, su capitalización era la más baja del Ibex y quedaba reducida a los 1.330 millones de euros.

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Esta ‘venta forzosa’ es la primera gran acción tomada por el Consejo del Mecanismo Único de Resolución (Single Resolution Board o SRB) desde que fuera creado en 2015 para hacer frente a las grandes quiebras bancarias de la Zona Euro. Concretamente, en el caso de Banco Popular sólo ha puesto en marcha algunas de sus facultades de resolución, incluida la venta a una entidad sólida por un precio simbólico, la amortización de acciones y de la deuda Tier 1 y 2. No ha tenido que recurrir a medidas más drásticas como la asunción del propio banco o la imposición de pérdidas a acreedores senior.

Según consta en los registros de la CNMV, entre sus accionistas significativos encontramos a Allianz, con un 3,497% del capital; Credit Mutuel, con un 4,061%; Silchester, con un 3,054%; o Vallum Foundation, con un 3,014%. Dentro del Consejo, el 9,6% de la Sindicatura de Accionistas la sitúa entre las principales ‘damnificadas’, seguida de los consejeros Helena Revoredo, con un 0,062% (2,59 millones de acciones) y Jaime Ruiz Sacristán, con un 0,004% (170.852 acciones); y el vicepresidente, José María Arias Mosquera, con un 0,006% (237.321 títulos).

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