Las empresas españolas tardaron una media de 81,4 días en hacer frente al pago de sus facturas durante el primer semestre de 2007, lo que supone que el plazo se redujo sólo en un 1% respecto al mismo periodo del año anterior, según revela el estudio 'Indice de Riesgo- Primavera 2007' realizado por Intrum Justitia.
Los grupos de pagadores que tardan más tiempo en realizar sus pagos continúan siendo, según el informe, las Administraciones Públicas, con una media de 115,2 días, seguidas de las empresas, que tardan un promedio de 81,4 días y, finalmente, los consumidores que son, con una media de 64 días, los que menos tiempo invierten a la hora de abonar sus facturas. Asimismo, el estudio recoge la preocupación del sector empresarial español por el retraso en los pagos y sus consecuencias sobre sus cuentas de resultados. De esta forma, el 88% de las empresas encuestadas se enfrenta a problemas de liquidez por el relajado comportamiento en los hábitos de pago. Además, tres de cada diez empresas denuncia que estos problemas han llegado a ser críticos para su actividad, mientras que un 10% de las compañías denuncia que su viabilidad se encuentra verdaderamente en riesgo como consecuencia de los problemas financieros que conllevan los retrasos. Por otro lado, el informe confirma que el riesgo de impago en las empresas españolas continúa su tendencia descendente, hasta el punto de que las pérdidas por impagados en España volvieron a bajar hasta situarse en el 2,3%. No obstante, este porcentaje está todavía muy por encima de la media europea (1,8%). ESPAÑA, ENTRE LOS QUE PEOR PAGAN. España ocupa el noveno lugar entre los países de Europa que peor pagan sus facturas, a pesar de que el índice de riesgo de impago ha descendido de forma continuada en los últimos tres años, al pasar del 166 en 2004 al 158 de este año 2007. Portugal, por su parte, presenta el índice de riesgo más alto de Europa, con un 182, lo que le sitúa muy por encima del mejor pagador del continente, Finlandia (124). Asimismo, entre los 25 países europeos en los que se realizó el estudio, sólo Italia, Dinamarca y Hungría tuvieron un incremento en su riesgo de impago durante el último año. El resto de países mostró una tendencia positiva respecto a 2006. Ante esta situación, Intrum Justitia consideró que la Ley de Morosidad, que entró en vigor hace más de dos años, no ha conseguido cumplir su principal objetivo: reducir la morosidad en las operaciones comerciales. Según la multinacional sueca, el desconocimiento del contenido de la normativa, así como las malas prácticas de pago propias de la cultura empresarial española, están impidiendo su correcta aplicación por parte de las compañías. A su juicio, la normativa sigue planteando "cierto desconcieto y polémica", a pesar de haber supuesto un intento por mitigar los problemas de solvencia de las empresas españolas, especialmente entre aquellas de menor tamaño en las que la demora en los pagos provoca graves problemas de liquidez.