La Comisión Europea ha aprobado los planes de reestructuración de las cuatro entidades españolas participadas mayoritariamente por el Estado -BFA Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia- que en conjunto recibirán un total de 36.965 millones de euros procedentes del fondo de rescate europeo.

Los planes de reestructuración incluyen la venta de activos no estratégicos, la conversión de preferentes y deuda subordinada en acciones y la transferencia de activos inmobiliarios al 'banco malo'. Todas estas medidas reducen las necesidades finales de dinero público hasta los 17.960 millones de euros para BFA–Bankia, 5.425 millones de euros para Novagalicia, 9.080 millones para Catalunya Banc y 4.500 millones para el Banco de Valencia. El informe de Oliver Wyman fijó las necesidades de capital de la antigua Caja Madrid y Bancaja en 27.743 millones.

Como condición, la dirección general de Competencia que dirige el comisario Joaquín Almunia obliga a BFA–Bankia, NCG Banco y Catalunya Banc a que en los próximos cinco años reduzcan su balance en más de un 60% en comparación con 2010.

En particular, Bruselas obliga a estos bancos a enfocar su modelo empresarial en préstamos al por menor y préstamos a las pymes en sus principales regiones históricas. "Abandonarán las líneas de créditos a favor de promociones inmobiliarias y limitarán su presencia en el mercado al por mayor", señala el documento.

Bruselas también recuerda que las entidades deben repartir la carga de su saneamiento entre accionistas e inversores de participaciones preferentes y deuda subordinada. La conversión de estos activos en acciones se realizará con un descuento que reducirá la ayuda estatal necesaria para reestructurar estos tres bancos en alrededor de 10.000 millones. En el caso de Bankia se estima que la conversión de las preferentes se haga finalmente con un descuento del 40%.

Por lo que se refiere al Banco de Valencia, la Comisión ha concluido que el coste total de la venta a CaixaBank, incluidas otras medidas de apoyo solicitadas, es inferior al coste que supondría la mera liquidación del banco, tal y como pretendía inicialmente Bruselas.

"La profunda reestructuración de estas entidades les permitirá ser viables a largo plazo sin un apoyo continuado del Estado", estima la Comisión.