El sector privado comienza a cumplir la nueva Ley de Morosidad promulgada en el mes de julio. Mientras, “el ayuntamiento es el extremo” opuesto.

En 2010, un 96% de las PYMES fijó el plazo medio de cobro en 75 días, pese a que el plazo de cobro efectivo ascendió hasta los 93, ocho días menos que en 2009, lo que se tradujo en 1.800 millones de euros de ahorro para las empresas privadas, según datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

Tras la promulgación de la Ley de Morosidad 15/2010 a principios del mes de julio, el plazo máximo de pago pasó a ser de 85 días legales, una fecha límite que “el sector privado sí está intentando cumplir”, frente al “sector público” donde “tenemos un cáncer en la economía española. Si antes la Administración Pública pagaba en 154 días, ahora lo hace en 157", según Rafael Barón, presidente de la PMP.

Por sectores, “el que peor está cumpliendo es la construcción” que presenta un plazo medio de cobro real de 163 días, seguido por la industria (con 157 días) y los servicios, cuyo plazo de cobro real asciende hasta los 145 días frente a los 82 pactados.

En cuanto al ratio de impagos, casi 3 de cada 10 de los empresarios encuestados considera que ha aumentado el último año, mientras que un 39% lo han visto sin variación. Datos que dejan el ratio de morosidad una décima por encima de la registrada en 2009, alcanzando el 5,1%, y dobla la media de la Unión Europea, cuyo ratio de mora se queda en el 2,6%.

Financiación a base de PYMES
El 48% de las empresas nunca ha pedido intereses por la demora en los plazos de cobro en nuestro país. Una situación que “podría ser calificada incluso como competencia desleal”, según Rafael Barón. “Es la forma más barata de financiación que tiene la Administración”.

Dentro del sector público, el Gobierno central es que está haciendo mejor los deberes, frente a las administraciones autonómicas y, fundamentalmente, locales con una mora “de entre 30.000 y 33.000 millones de euros con proveedores no pagados” y “en el extremo” se encuentran “los ayuntamientos”.

Asegura el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad que “la Administración parece no estar muy convencida de que debe dejar de financiarse a través de las PYMES” puesto que es algo que repercute directamente sobre las empresas en la medida en que ni pueden obtener liquidez a través del cobro de las facturas, ni vía crédito a través de los bancos que hace ya tiempo cerraron el grifo de la financiación.