General Motors y  Ford Motor, que no ha pedido financiación del Gobierno, anunciaron incentivos para atraer a clientes asustados por la recesión cubriendo algunos pagos de los que perdieran sus empleos.

Ambos programas, ofrecidos además de una financiación a un cero por ciento, se producen en un momento en que las ventas de coches en Estados Unidos se encuentran en su nivel más bajo en cerca de tres décadas.

Las ventas de automóviles en Estados Unidos podrían haber caído un 40 por ciento en marzo con respecto al mismo período del año previo. Los datos se conocerán el miércoles.

En Detroit, GM y Chrysler comenzaron a trabajar para aplicar la dura reestructuración dictada por el Gobierno como condición para otorgar más fondos de los contribuyentes a las compañías del sector.

El presidente ejecutivo de Fiat, Sergio Marchionne, viajó a Detroit para conversar con los sindicatos y los acreedores de Chrysler, después de que Obama diera a la empresa 30 días para crear una sociedad que salve al grupo.

Asesores de GM y Chrysler continuaban preparándose para una potencial presentación de bancarrota, que también recortaría la deuda y los costes de pensiones y cuidado de la salud de los empleados.

LA BANCARROTA COMO OPCIÓN

Uno de los planes en discusión para GM sería formar una nueva compañía con los mejores activos de la automovilística, mientras que sus marcas menos atractivas y sus activos deficitarios seguirían bajo protección por bancarrota, dijo a Reuters una persona conocedora de la estrategia.

Las acciones de GM han perdido casi la mitad de su valor desde el lunes, cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, esbozó las políticas que limitan los fondos de los contribuyentes para un sector que muchos esperaban que rescatara.

El nuevo presidente ejecutivo de GM, Fritz Henderson, dijo en su primera aparición desde que asumió su cargo el lunes que la compañía automovilística - la mayor de Estados Unidos - tendría que cerrar más plantas y reducir más empleos en las fábricas de lo que preveían hace un mes.

Su predecesor, Rick Wagoner, se vio forzado a renunciar por el gobierno de Obama, que a través del Tesoro financiará una bancarrota supervisada por la justicia si en 60 días la empresa no logra los ahorros de costes necesarios.