El Ejecutivo intenta, por lo tanto, poner fin a los excesos recientes cometidos por algunos directivos sin lanzarse por ello a una regulación global que se considera peligrosa. "No estamos aquí para fijar los salarios en las empresas", señalan a 'Les Echos' fuentes próximas al dossier. De paso, se pretende no aumentar el duro pulso mantenido a cuenta de este tema con la principal organización patronal francesa, Medef.

Así pues, el decreto afectará a los bancos que han acudido a la Sociedad de participación del Estado (SPPE) y a los constructores de automóviles que se benefician de préstamos directos. Por el contrario, las empresas que recurran al Fondo Estratégico de Inversión (FSI) no se verán afectadas.


De igual forma, el decreto no cubrirá a las compañías que no reciban ayuda directa, aunque recurran "masivamente" al paro técnico o pongan en marcha planes sociales de envergadura. Para estas empresas, que son bastantes, el Gobierno quiere garantizar que el código ético pactado con las patronales y adoptado por las Asambleas generales se aplica de verdad.

El Gobierno francés cree que estas reglas concretas se justifican en periodo de crisis pero no cuando ésta finalice, de ahí que quiera poner fin a los 'bonus' que no tengan relación con la situación económica de las empresas y, por lo tanto, que las remuneraciones variables no se prohíban sino que se regulen.

Por ello, se establecerán a partir de criterios concretos sobre los resultados y limitados en el tiempo. Por lo que se refiere a los llamados 'paracaídas de oro', es decir, las indemnizaciones que se llevan los directivos al abandonar el puesto, el Ejecutivo cree que ya están suficientemente reguladas en la actual ley 'Tepa' y el anteriormente mencionado código firmado con las patronales.

El decreto, que será presentado formalmente esta tarde por el primer ministro, François Fillon, acompañado de los titulares de Economía, Christine Lagarde, y de Trabajo, Brice Hortefeux, no tendrá caracter retroactivo para los contratos ya firmados.

La presidenta de la patronal Medef, Laurence Parisot, admite que el Estado está legitimado para fijar criterios cuando ayuda directamente a una empresa pero rechaza el "juego de rol" que lleva a algunos responsables políticos a insultar a la patronal. La izquierda y el centrista Moden, por su parte, ven el dispositivo insuficiente y reclaman simplemente la suspensión de las 'stock-options'.