En la Conferencia organizada por Fedea sobre “La experiencia internacional en los techos de gastos constitucionales” celebrada en la Bolsa de Madrid, Jesús Fernández-Villaverde, economista de la Universidad de Pensilvania, asegura que “un tema fundamental que hemos aprendido de las experiencias internacionales es que un mecanismo básico para que un sistema fiscal funcione es tener un organismo sólido central” para el control del gasto y del presupuesto.
Fernández-Villaverde ha recordado que ya existe un artículo dentro de la Constitución en el que queda recogido el hecho de que “las CCAA no podrán incurrir en déficit estructural” con lo que no carece de sentido la trifulca en materia de gasto que mantienen en este momento los gobiernos regionales con el Ejecutivo central.
Pero, ¿cómo se calcula el techo de gasto? En primer lugar, una cosa es está clara, la estimación parte del propio Gobierno, “es arte y parte”, según el investigador del Fedea, que considera que se trata de “cálculos inherentemente inciertos y que requieren de constantes ajustes”. Y es que el gobierno elabora este techo máximo de cara a las CCAA sobre nueve años: los cinco años anteriores de crecimiento real de nuestro PIB y otros cuatro años que podríamos considerar “ficticios” en el sentido en que se basan en puras estimaciones del Ejecutivo que siempre tenderá hacia “las hipótesis que le sean más favorables”.
A ello se suma la credibilidad que conceda en ese momento el mercado al cálculo realizado por el Gobierno y es en ese punto en el que es especialmente necesario para el analista un Consejo de Estabilidad Presupuestaria Independiente. “Existen ejemplos”, asegura Fernández-Villaverde, “en los que los Consejos de Política Fiscal (independientes) han llegado a enfrentamientos abiertos con sus respectivos gobiernos debido a informes desfavorables”. El último caso sobre la mesa es Hungría que tras hacerse pública su posible necesidad de rescate por parte de los organismos internacionales lo primero que se hizo fue disolver el Consejo.
A cierre del tercer trimestre de 2011, las autonomías acumulaban hasta 135.151 millones de euros de deuda, lo que representa un 12,6% del PIB nacional, cálculo realizado por el Banco de España. No obstante, la falta de transparencia es uno de los problemas que presenta nuestro país. Según el Internacional Budget Partnership, un estudio que evalúa el nivel de transparencia de los presupuestos de 94 países, otorga a España un total de 64 puntos sobre un total de 100 posibles, frente a países como Reino Unido o Francia que cuentan con 87 puntos e incluso a la mayor parte de los países de la Unión Europea que se encuentran por delante de nuestro país.
Fernández-Villaverde introduce, además, otro elemento a tener en cuenta como es el componente demográfico. España ha dejado de ser un país receptor de inmigrantes para pasar a emigrar, según los últimos datos elaborados por el INE. “Un claro ejemplo de ello”, dice el analista, “es la Ley de Dependencia que, de la manera en que estaba planteada, no creo que nadie pensase lo que nos iba a suponer de gasto de cara al año 2050 cuando tengamos una población mucho más envejecida”.
