El Timing del proceso judicial juega a favor de ENCE

No se puede negar que una inversión en ENCE tiene una carga de riesgo legal por la disputa de su renovación, o no, de la prórroga de la concesión en la fábrica de Pontevedra, que finaliza en 2033 e intenta renovar hasta 2075. El 33% de los ingresos proceden de Pontevedra.

Llegados a este punto, con una sentencia ya (que ENCE recurrirá con uñas y dientes ante el Supremo) en que se cancela la prórroga, el Grupo energético y papelero ha acelerado su adaptación a la nueva situación que supondría el tener que desmantelar la planta gallega. Y digo ha acelerado, porque ya hace tiempo que ENCE se prepara para este contratiempo. Lleva ya varios semestres desviando inversiones hacia su planta de Navia (aporta el 42% de los ingresos) para minimizar el impacto de una posible no renovación en Pontevedra.

Además, en las cuentas recién publicadas y correspondientes al segundo trimestre de 2021 ha decidido provisionar 148 millones de € por el deterioro de activos (importe que no tendrá que salir de caja, sino que será una disminución de valoración del activo), 42 millones por posibles gastos de desmantelamiento y 6 millones de provisión por posibles cancelaciones de contratos. Es lo correcto, lo que hay que hacer, lo que todo buen contable y gestor haría, provisionar y actualizar balance y cuenta de resultados teniendo en cuenta el nuevo escenario que supondría la no renovación definitiva. El Plan estratégico como decía, ya estaba orientado en ese sentido con el giro de todas las inversiones hacia Asturias, además del impulso en su negocio de energía.

Pues bien, en mi opinión, a partir de ahora, todo lo que venga en torno a este tema, si bien puede no ser positivo, ya no será negativo. Parece que lo peor ya ha pasado, ya está asumido el desmantelamiento de su planta en Galicia y adaptado tanto contablemente como operativamente su plan de futuro y a seguir trabajando.

Por otra parte, y hay que tener en cuenta que el Timing del proceso judicial y su demora juegan a favor de ENCE. Por el momento la compañía ha recurrido dos sentencias, la del Concello de Pontevedra y de Greenpeace, ya que la Audiencia Nacional no ha hecho público todavía su fallo sobre el proceso abierto por la APDR, aunque se espera negativo a la concesión. Por tanto, hay recursos contra las dos primeras sentencias ya emitidas, pero todavía habrá que recurrir las que quedan por salir. El Supremo, debido al retraso administrativo y todos los problemas con su renovación puede tardar de uno a dos años en resolver y ENCE no espera resolución hasta por lo menos el verano de 2022 y muy previsiblemente se retrasará hasta 2023. En caso de que no se admita a trámite ningún recurso, entonces la anulación de la prórroga sería firme y Ence tendría que cerrar Lourizán, algo que como digo, ya ha sido descontado por el mercado. En todo caso, esta demora en el proceso facilitará que ENCE provisiones los costes de la sentencia en contra, dirija inversiones a Navia, reestructure su Plan Estratégico y se prepare para un cierre en Pontevedra mínimamente traumático.

Miramos entonces a su futuro con optimismo porque ENCE tiene un negocio con potencial de crecimiento destacable.  En Celulosa inventarios a la baja, aumento en el precio de la celulosa, déficit estructural en la oferta de celulosa, aumento de demanda en China. En renovables, buena cartera de proyectos con biomasa y termosolar (negocio de energía aporta el 25% de los ingresos al grupo). En este negocio la cartera de proyectos supondría x3 su capacidad instalada.

El Timing del proceso judicial juega a favor de ENCE

Las cuentas del segundo trimestre de 2021 han sido positivas. Crecen ingresos (+15,1%), EBITDA (+122,5%) y descontando el efecto sentencia, es decir, provisiones y demás, el Beneficio Neto es positivo en 12 millones de €, desde las pérdidas de 13 millones de un año atrás. Y el balance sigue robusto y con una solvencia destacable.

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