"Se baraja dentro del plan de liberalización que se eliminen algunas restriciones que impiden a los operadores que no son eléctricos participar en las compañías de transporte tanto REE como Enagás", señaló el ministro. "Eso no quiere decir en absoluto que se vaya a privatizar el gestor del sistema, que seguirá siendo un gestor público, que es el que decide las inversiones", señaló el ministro. Sebastián sostuvo que el objetivo de la medida es fortalecer financieramente a los operadores de transporte de gas y electricidad, ya que si se da entrada a nuevos accionistas "tendrán más músculo para invertir".
La Ley del Sector de Hidrocarburos de junio de 2007 limita al 5% la participación accionarial en cualquiera de estas dos compañías, salvo para el caso de la SEPI, al tiempo que sitúa en el 3% el límite a los derechos políticos, y en el 1% si se trata de una empresa del sector energético. En el caso de Enagás, su accionariado se distribuye entre un amplio 'free float' y varios socios con un 5% cada uno, que son BBK, SEPI, Gas Natural, Sagane, Cajastur y Bancaja. Competencia ha obligado a Gas Natural a desprenderse de su 5% en Enagás como parte del proceso de adquisición de Unión Fenosa. En cuanto al grupo presidido por Luis Atienza, la SEPI dispone de una participación del 20%, mientras que el resto del accionariado está distribuido entre pequeños inversores.
SEGRACIÓN DE TRANSPORTE Y OPERACIÓN.
El diario 'Cinco Días' publica hoy que entre las medidas de reactivación económica que ultima el Gobierno figura un decreto que podría ser aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y que contempla la segregación de las actividades de transporte y operación del sistema en REE y Enagás. Tras ello, se posibilitaría una mayor apertura del capital de estas empresas en la actividad de transporte, mientras la operación de las redes pasaría a un ente público que sería el resultado de la fusión de las dos sociedades, lo que generaría sinergias derivadas del cada vez mayor uso del gas para la generación eléctrica.
La última reforma de la legislación se decantaba por el modelo de transportista y operador único (TSO, por sus siglas en inglés), que es el recomendado por Bruselas y que contempla una separación funcional de ambas actividades, aunque bajo el paraguas de una misma corporación. Frente a este modelo, podría pasarse al ISO, en el que ambas actividades funcionan por separado.
