En octubre pasado, los gobiernos de Bélgica, Francia y Luxemburgo acordaron un rescate multimillonario del gigante bancario franco-belga Dexia, que será partido en tres y que aislará los activos tóxicos en un banco malo. El banco residual tendrá activos por unos 90.000 millones de euros, que serán garantizados por los Estados belga (60,5 %), francés (36,5 %) y luxemburgués (3 %).

Las garantías permitirán al banco elaborar un plan de reestructuración o, si Dexia resultara inviable, un esquema de liquidación, que los tres Estados tendrán que presentar a la Comisión Europea (CE) en un plazo de tres meses. La Comisión considera que el mecanismo de garantías es necesario para preservar la estabilidad financiera de Bélgica, Luxemburgo y Francia, dada la importancia sistémica de Dexia.

No obstante, tiene dudas sobre si las garantías temporales, que cubren las necesidades de financiación del banco hasta mayo de 2012 y que tienen un periodo de vencimiento de un máximo de tres años, es compatible con el mercado único europeo, especialmente teniendo en cuenta que se suman al plan de reestructuración aprobado por la Comisión en 2010, como parte del primer rescate que necesitó Dexia.

El departamento que dirige el comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, tomará una decisión final sobre las garantías temporales en el marco del segundo plan de reestructuración de Dexia que tendrá que examinar.

El nuevo rescate de Dexia incluye la nacionalización de Dexia Banca Bélgica, la filial belga de la entidad, por 4.000 millones de euros, y la venta de la subsidiaria luxemburguesa a un fondo catarí y al Gran Ducado por 730 millones de euros.