Se trata de la primera emisión de cédulas territoriales realizada por una entidad española desde que estalló la crisis financiera en agosto de 2007. El subyacente de estas cédulas son préstamos a entidades públicas españolas como ayuntamientos y municipios.

La operación recibió demanda por un total de 3.000 millones de euros, sobre todo extranjera (2.500 millones de euros), y se saldó en un tiempo récord, obligando a cerrar el libro de órdenes tan sólo dos horas después de su apertura.

Concretamente, suscribieron las cédulas territoriales un total de 125 inversores institucionales, como fondos de inversión y de pensiones, bancos centrales y aseguradoras.

La emisión se ha colocado fundamentalmente en el mercado europeo (85%), sobre todo en Francia (35%), Alemania (25%), España (15%), Reino Unido (15%), e Italia (5%).

Según un experto consultado por Europa Press, "la emisión se ha culminado con éxito gracias a la solidez del emisor en los mercados de capitales", donde muchos inversores españoles atraviesan dificultades en la actualidad.

Esta emisión de deuda se produce poco después de que La Caixa y el Popular realizaran una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros en cada caso.