Urge una cura para las carteras inmobiliarias de las financieras españolas. El tratamiento paliativo que se perfila como ganador es la creación de un ‘banco malo’. Aunque este nombre no suene muy bien, podría no ser tan protervo. Depende del cristal con el que lo miremos pues, para los bancos supondría quitarse un lastre de encima, aunque para el Estado conllevaría echárselo sobre su espalda, eso sí, con miras de rentabilizarlo y reabrir el obstruido mercado de crédito.

176.000 millones de euros. Ésta es la cantidad que las entidades financieras españolas tienen en activos tóxicos relacionados con el ladrillo. Al ritmo de ventas promedio de los años 2009-2011, “a la banca le llevaría 4 años liquidar el stock de vivienda y 40 años el stock de suelo”, dice Javier Flores, responsable del servicio de estudios y análisis de ASINVER, por lo que, aunque el Banco de España perjure que las financieras nacionales tienen provisiones para cubrir en torno al 33% de esos activos dañados, desde las propias entidades, se pide al nuevo Ejecutivo que lleve a cabo medidas que ayuden a reabsorber este ‘tumor’ o, directamente, borrarlo de su balance. Entre los mecanismos que se barajan para aligerar el peso tóxico de las carteras financieras suena con fuerza la creación de un ‘banco malo’, debido a que el partido que recientemente ocupa el Ejecutivo español, el PP, tendrá que buscar una salida al problema y no descarta instrumentalizar esta propuesta.

Este mecanismo consistiría en colocar los activos inmobiliarios a precio de mercado en una nueva entidad instrumentada por el Estado y amortizarlos. El problema surge por la valoración que se dé a esos activos, pues están estimados a precios desorbitados, fruto de la burbuja inmobiliaria pero, si tenemos en cuenta los descuentos a los que actualmente ofrece el mercado productos de similares características, “podríamos estar hablando de devaluaciones en torno al 30%-50%”, dice Borja Mateo, experto en mercado inmobiliario español. El Estado se perfilaría como comprador a cambio de deuda soberana, lo que quitaría de encima parte del lastre que el suelo supone en las cuentas de las financieras españolas pero, “si lo adquiere por encima de precios de mercado será positivo para el banco, pero negativo para el Estado”, avisa David González, analista de Dracon Partners EAFI. El experto explica que, “si se lo queda el Estado, lo haría con la idea de que fuera a revalorizarse y venderlo en unos años para sacar plusvalías, además de liberar el crédito. Pero los efectos inmediatos para el Estado serían de no disponer de la liquidez porque estamos en déficit. Ayuda a fortalecer el balance de los bancos, pero puede afectar a la nota crediticia nacional si se compra a un precio caro, pues al acudir al mercado, también tendrá que venderlo caro para recuperar la inversión y no encontrará comprador fácilmente”. En caso de sacarlo a la venta a precios bajos “hace competencia desleal por ejemplo, a promotores que se han quedado con activos inmobiliarios, y les obliga a bajar los precios. Sin embargo, el estado no está para competir, si no para ayudar”, dice Jorge del Canto, analista independiente.

Lo que es cierto es que la bola deficitaria de nuestro país aumentaría irremediablemente porque comprar estos activos supone desembolsar un dinero con el que el Estado no cuenta. Aunque los adquiriera con un descuento máximo de mercado del 50% tendría que endeudarse en unos 88.000 millones. Y, el canje de estos activos por bonos supone una inversión de éxito dudoso para nuestras arcas. Como explica González, “el bono español a 10 años está en el 6,6% y, si se piensa que el Estado puede sacar valor a los activos tóxicos en 10 años y no consiguen una rentabilidad parecida al 6,6% y superávit, se sobre endeudará. Sin embargo, con una situación de tipos más bajos y prima de riesgo más baja, sería más fácil”.

Mirando con el cristal de las entidades financieras
Para las financieras “la creación de un ‘banco malo’ conllevaría el reconocimiento de pérdidas que alcanzaría aproximadamente la mitad de la exposición inmobiliaria”, calcula Carlos Heras Rincón, CEO de Aspain 11 EAFI, ya que parece que el Estado no puede permitirse el lujo de comprarles estos activos a un elevado precio y tendría que devaluarlos en torno a un 30%-50%, como hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, las entidades, de media, tienen dotaciones de cobertura de suelo (activo más tóxico) en torno a un 30%-40% del valor de sus activos tóxicos en cartera, por lo que, en caso de que se apliquen descuentos del 30%, estarían asumiendo una pérdida asequible o que ya descontaban y que, además, podría ser paliada si se asume finalmente a medias por el erario público y por las financieras, por medio del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). De hecho, Gabriel Martínez, director de comunicación externa de Banco Sabadell, explica que “hace años esta metodología de ‘banco malo’ no era viable pero ahora se ha adquirido un nivel de provisiones que permite estudiar su creación, ya que el coste para el banco sería mucho menor y los descuentos menos agresivos porque están bien aprovisionados. Sabadell tiene un 30% de promedio conjunto aprovisionado, esto permitiría vender activos a precios con descuentos importantes sin generar pérdidas”. No obstante, Martínez ha negado en rotundo que el gobierno haya contactado con el banco para poner en marcha la propuesta.

Sin embargo, si los descuentos se elevaran al 50%, tendrían que asumir unos 35.200 millones más de pérdidas, adicionales a las dotaciones con las que cuentan. Además, estos 176.000 millones no son más que la cifra pública pero, una fuente del sector financiero que no ha querido identificarse, afirma que “las minusvalías latentes que los bancos no declaran son mayores. Por ejemplo, a mediados del año pasado rondaban los 700.000 millones y, si hay una depreciación, el que perdería sería el accionista”.

No obstante, la cara que las financieras mostrasen al público al despojarse de los 176.000 millones en activos tóxicos declarados sería mucho mejor. Además tenemos que tener en cuenta que la contrapartida que recibirían las financieras es solvente pues, como explica Graciela Vázquez Álvarez, analista de OreyItrade, “Basilea III, como lo hiciera Basilea II, considera que la deuda soberana tiene riesgo cero siempre y cuando sea emitida y financiada en la misma moneda del país”. Además, estos bonos podrían ser utilizados por las financieras para obtener préstamos del BCE.

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