El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha advertido de que la compañía, "antes de tomar cualquier decisión de inversión en España", analizará si las condiciones son "estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos", y ha asegurado que si no es así, se cuenta con "otras alternativas".
Imaz destacó que el impuesto extraordinario vigente, que grava el 1,2% de la facturación obtenida por las empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros, es ilegal, inconstitucional y discriminatorio. Este impuesto ha afectado negativamente a Repsol, siendo la compañía del sector más impactada con unos 450 millones de euros este año. El consejero delegado consideró que una prórroga de este gravamen penalizará aún más a Repsol, afectando tanto a sus inversores como a su capacidad de invertir en la transición energética.
Repsol tiene previstas "grandes inversiones" en la transformación de sus complejos industriales en España. Sin embargo, Imaz advirtió que la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal puede condicionar las futuras inversiones en proyectos industriales en el país. España es la principal geografía de inversión para Repsol, pero es necesario contar con un marco claro, predecible y estable para continuar invirtiendo. En caso contrario, Imaz mencionó a Portugal como una posible alternativa donde la compañía podría tener actividad internacional en su negocio industrial.
"De nuevo vamos a analizar detenidamente cuál es el marco regulatorio y fiscal antes de tomar nuevas decisiones de inversión en la geografía española. Porque tenemos que proteger, ante todo, a nuestros accionistas, a nuestros empleados", subrayó Imaz.
El consejero delegado de Repsol resaltó que el impuesto especial actualmente en vigencia favorece a quienes ingresan al mercado español sin crear empleo industrial en España, y castiga a empresas como Repsol que están invirtiendo y creando industria en el país.
