Los acuerdos alcanzados restringen la capacidad de AIG de recomprar acciones propias y obligan a la aseguradora a mantener las políticas referidas a la limitación de gastos empresariales y compensaciones de sus ejecutivos.
Asimismo, el nuevo acuerdo que tiene una vigencia de cinco años y por el que el Tesoro proporciona fondos "de disponibilidad inmediata" a AIG, está condicionado a que la aseguradora no se acoja a la protección del capítulo 11 de la Ley de Quiebras y al mantenimiento de al menos el 50% de los derechos de voto por parte del Tesoro.
