ADICAE ha presentado ante la CNMV una denuncia contra 52 bancos y cajas de ahorros españolas por la comercialización irregular de participaciones preferentes en los últimos años, práctica extendida en la actualidad a causa de la crisis de liquidez por la que atraviesa el sector bancario.

En la denuncia ADICAE pide el reembolso inmediato del 100% del capital invertido a aquellos consumidores con un perfil de riesgo conservador que buscaban una inversión a plazo fijo con capital garantizado y que ya hayan solicitado el reembolso.

En los últimos meses centenares de afectados han denunciado la comercialización irregular de participaciones preferentes alegando falta de transparencia al no haber sido informados ni de las características de estos productos ni de sus riesgos, y en especial de la escasa o nula liquidez y de la perpetuidad de este producto. Los ahorradores, como consecuencia de esta falta de información, han comprobado ahora lo que verdaderamente habían contratado años atrás, cuando durante estos meses han querido recuperar el dinero invertido y han recibido la negativa por parte de su entidad bancaria.

La mayor parte de los afectados que han acudido a ADICAE son ahorradores con historial carente de inversiones arriesgadas, que casi siempre habían rentabilizado sus ahorros con la contratación de depósitos bancarios. Por ello, dado lo generalizado y flagrante de esta práctica, ADICAE insta a la CNMV a iniciar una campaña de inspección sobre la comercialización de las participaciones colocadas por Santander, BBVA, Banesto, Nakia, Banco Popular, La Caixa y Bankinter, entre otras, para verificar si se han respetado los derechos de los consumidores y revisándose el cumplimiento de la normativa MIFID –realización correcta de tests de idoneidad-, la existencia de cláusulas abusivas que contengan exenciones de responsabilidad hacia la entidad comercializadora o similares

Un producto complejo en sí mismo equivalente a emisiones de deuda privada. Las participaciones preferentes son un producto de inversión muy complejo, con un riesgo elevado. Se trata de valores que no tienen liquidez inmediata, para los que no existe garantía sobre el capital invertido, es decir, el consumidor puede tener pérdidas. Además no se prevé ningún tipo de compromiso de recompra por parte del emisor (el banco o caja), tienen carácter perpetuo –sin fecha de amortización prevista-, aunque con una opción de amortización anticipada para el emisor, si bien normalmente las entidades de crédito incluyen una posibilidad de amortización a los cinco años potestativa para la propia entidad. Por esto no ha estallado todavía un escándalo masivo, puesto que los consumidores creen que tienen un plazo fijo a cinco años. En el caso de que no esperen ese plazo y deseen rescatar parcial o totalmente su dinero se encuentran con la triste realidad de que únicamente pueden acudir al mercado secundario, AIAF, en el que estos productos se venden muy por debajo de su valor nominal. De hecho, actualmente tienen calificación de bono basura.

La rentabilidad ofrecida por las participaciones preferentes estaba condicionada a la existencia de beneficio distribuible suficiente por parte del emisor. La negativa de las entidades denunciadas por ADICAE a otorgar la rentabilidad prometida es una buena muestra del estado real de las cuentas de la inmensa mayoría de la Banca española.

Las entidades las están utilizando para reforzar sus fondos propios de capital. Las participaciones preferentes vienen siendo colocadas masivamente por casi todas las entidades financieras españolas –muchos bancos y la totalidad de las cajas de ahorros- desde hace varios años. Las víctimas han sido sus propios clientes, a quienes las entidades han colocado este producto de manera especialmente intensa al comienzo de su crisis de ‘liquidez’, aproximadamente en 2009, sin advertencia alguna de los riesgos que entrañan estos productos, colocándolos como si se tratase de inversiones a plazo fijo.

La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se vio obligada a salir al paso en abril de 2009, publicando un folleto informativo en el que las calificaba como “un producto complejo y de riesgo elevado” y advertía de que, en caso de insolvencia del emisor, se sitúan en el orden de recuperación de los créditos “por detrás de todos los acreedores comunes y subordinados y por delante de las acciones ordinarias y de las cuotas participativas en el caso de las cajas de ahorros”. Sin embargo, durante 2010 y 2011 han continuado estas emisiones como forma de las entidades de mejorar sus ratios de solvencia, puesto que computan como fondos propios.