Abangoa intenta conseguir refinanciación para su filial antes de febrero

Abengoa vuelve a estar, si es que alguna vez se ha ido en los últimos meses, en la cuerda floja y con nueva fecha límite fijada para el próximo 1 de febrero. Es el plazo, el último fijado tras varios retrasos, para conseguir un acuerdo de refinanciación para la sociedad filial Abengoa Abenewco 1, que se presentó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que se ha estado retrasando hasta la fecha. 

El plan se presentó el 6 de agosto y considera que Abenewco 1 debe suscribir un préstamo por un importe de 230 millones de euros a 5 años con garantía del ICO, amparada por el Real Decreto a cuenta del Covid-19, y que considera de nueva liquidez. A esto se unía una línea de avales revolving a cinco años por una cantidad de 126,4 millones de euros, ampliable a 300 calificada como nueva línea de avales. Además en esta operación se contaba con una contribución de la Junta de Andalucía de 20 millones de euros adicionales. 

Muchos de esos aspectos, como los 20 millones de la Junta, no se han subsanado y lo que hay sobre la mesa es el enfrentamiento directo entre los minoristas, que rechazan este acuerdo y el de los acreedores, formado por los bancos y los fondos. Pero sus posturas se colocan muy lejos de alcanzar un punto de encuentro. Para muestra un botón: los minoristas, AbengoaShares quieren algo más de un 37% del capital de la compañía resultante, reduciendo por tanto hasta un 50% su posición actual en la compañía. Desde los acreedores creen que AbengoaShares debe quedarse solo con el 2,7% de la nueva empresa reestructurada. 

Los minoristas ya sindicados para tener mayor poder de negociación, buscan apoyarse en un fondo internacional de los que se han interesado por la compañía, hasta cuatro, porque el resto, hasta 10, son españoles, y no contemplan a los nacionales en una primera fase. Consideran que el plan proyectado por Gonzalo Urquijo y que apoyan los acreedores descapitaliza Abengoa y les impide acceder a las cuentas de la empresa y a un asunto también controvertido: el laudo que la empresa tiene con el Estado por las primas de las renovables y que nos lleva a mirar a la Cámara de Comercio de Estocolmo. 

Un arbitraje pendiente en La Haya entre la compañía y el Estado español por valor de 1500 millones de euros que data de 2013 por el recorte que se produjo en las primas a las renovables. Estado, en el que no olvidemos, sigue la llave directa para poder salvar a la compañía, con los avales del ICO.

Todo un puzzle que de momento parece enquistado y sin solución de continuidad entre las partes, muy enfrentadas y con apenas 10 días por delante para resolverlo, y salvar a la compañía, siempre que no se produzcan más retrasos. De momento la CNMV sigue atenta a todos los pasos que se dan para ver que ocurre con la cotización de la compañía, que lleva ya más de seis meses suspendida, desde el pasado 14 de julio en sus acciones A y B.  

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