La mejora de la esperanza de vida conlleva importantes desafíos sociales, económicos y financieros. Estos retos son el punto de partida del estudio “El reto de la longevidad en el siglo XXI: cómo afrontarlo en una sociedad en cambio”, elaborado por el Instituto Santalucía.
El crecimiento de la longevidad ha planteado un doble desafío importante al que tienen que hacer frente a las aseguradoras: el “riesgo de longevidad”, entendiéndolo como la probabilidad de que cada vez más individuos vivan más de lo esperado, y conseguir que estas personas gocen de una esperanza de vida saludable, sin discapacidades ni enfermedades crónicas.
Los estudios científicos más punteros vaticinan la posibilidad de que el ser humano atraviese la barrera de los 120 años a finales del siglo XXI, ya que actualmente el ritmo al que se está aumentando la esperanza de vida al nacer es de 5 horas al día. En palabras de José A. Herce, de AFI, “si el crecimiento de la longevidad hiciese ruido, no podríamos dormir”.
España es el 4º país del mundo en el que la población vive más años, sólo por detrás de Japón, Suiza y Singapur. Sin embargo, cuando hablamos de esperanza de vida saludable, es decir, contar con una buena calidad de vida sin discapacidades ni enfermedades crónicas, España se sitúa en el 9º puesto del ranking mundial.
La genética juega un papel fundamental en la esperanza de vida saludable, pero aún más importante son los hábitos del individuo para conseguir llegar a altas edades sin haber desarrollado ninguna patología. Esto da lugar a dos necesidades claramente diferenciadas de cara a asegurar a las personas: por una parte ofrecer a aquellas personas más cercanas a la barrera de los 65 años soluciones mixtas que combinen rentas vitalicias con prestaciones de servicios residenciales, sanitarios y asistenciales, y, por otra parte, promocionar un estilo de vida saludable para el público más joven.
Actualmente las aseguradoras tarifan sus servicios basándose en la edad cronológica de la persona, lo cual no es preciso ya que omite los factores personales y sociales de cada individuo, por ello los especialistas abogan por la necesidad de tarifar con forme a la edad biológica para actuar con mayor precisión.
Existen diferentes barreras éticas y normativas a la hora de obtener datos personales y genéticos de los clientes, ya que la nueva legislación de protección de datos obliga a firmar un consentimiento expreso para realizar este estudio personal, que es esencial para lograr el equilibrio de intereses entre aseguradoras y asegurados.
