“Es esencial que las ayudas lleguen cuanto antes al tejido productivo para asentar la recuperación”
Andrés Pereda. Director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Comercio de España
 

Pregunta.  ¿En qué medida consideráis que va a contribuir al crecimiento económico y la modernización de España estos recursos europeos, dirigidos en su mayor parte a acelerar la digitalización y la transición energética, y cómo valoráis el visto bueno de Bruselas y la contraprestación de reformas estructurales puesta en marcha por el Ejecutivo en 2021?

A finales de 2021 se alcanzaban los primeros hitos de reformas y objetivos de inversión asociados al Next Generation EU, tranfiriéndose 19.000 millones de euros de la Comisión Europea a las autoridades españolas. La gran inyección de capital en forma de transición digital y energética que supone el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia incluido en Next Generation EU, unido a las reformas estructurales asociadas, es aún incipiente, y es de esperar que sus efectos de estímulo a la recuperación empiecen a notarse plenamente en un futuro próximo sobre la economía real.

En este contexto, si bien resulta prematuro valorar aportación de los recursos europeos, sí es posible afirmar que su contribución al crecimiento económico y a la modernización de nuestro país dependerá en gran medida de la velocidad con la que se gestionen estos recursos y el alcance de los mismos. Resulta fundamental que lleguen cuanto antes al conjunto del tejido productivo. España se ha comprometido con las Instituciones Europeas a cumplir en 2022 el 43% de los hitos y objetivos del Plan. El desembolso de fondos europeos requiere, por tanto, continuar con la ejecución de reformas e inversiones ágiles, de modo que contribuyan efectivamente al crecimiento económico y en definitiva al bienestar de toda la sociedad española. Y en este contexto, el 2022 se presenta como un año clave para la recuperación.

Los hitos de reformas comprometidas por España en las disposiciones operativas firmadas con la Comisión Europea se orientan principalmente a consolidar los objetivos definidos por parte del Gobierno de España. Entre ellos, destacan, en el primer semestre de 2022, la aprobación y entrada en vigor de un buen número de leyes en materia concursal, de formación profesional, de fiscalidad, de cotizaciones de autónomos y de pensiones complementarias; y en el segundo, reformas en el ámbito de la vivienda, el sector público, el emprendimiento y crecimiento empresarial, el empleo y la segunda parte de la reforma del sistema público de pensiones. Un intenso plan de reformas que deberá ser impulsado en la segunda parte de la legislatura, y en esta tarea no basta con la utilización de los fondos europeos, sino que es necesario invertirlos adecuadamente y con una visión de futuro.

En todo el proceso, el grado de contribución de los fondos estará íntimamente relacionado con la agilidad en su gestión. Y en este contexto, la información y el asesoramiento a las empresas adquiere una importancia vital. Son ellas una de las grandes protagonistas de su puesta en marcha efectiva, de ellas depende el éxito de la implementación hacia la transformación del modelo productivo actual, y que sepamos aprovechar esta oportunidad que nos brinda Europa, depende en gran medida de cómo se transmita la información.

Y para ello, la colaboración público-privada juega un papel fundamental para afrontar con éxito el enorme desafío de absorber de manera eficiente los fondos europeos y llevar a cabo las importantes reformas estructurales comprometidas con la Comisión Europea para la obtención de los recursos. Debemos lograr que las compañías tengan la certeza de que los fondos Next Generation son también para las pequeñas empresas. Y no solo el kit digital, también los PERTES; porque los diferentes instrumentos irán en cascada.

Recordemos que las pymes representan el 99,8% de nuestro tejido empresas, por tanto, el primer mensaje debe ser: los fondos Next Generation benefician también a la pequeña empresa.

Estrategias de Inversión

P.  Los últimos datos hablan de una cuota de ejecución del 43% al inicio de diciembre y del 73% en concesión de proyectos, ¿cómo valoráis el ritmo de gobernanza y gestión de los fondos europeos en España? Hacia qué prioridades -sectoriales, empresariales y de objetivos de reconversión económica- deberían enfocarse estos recursos en el trienio 2021-23.

Lo primero a tener en cuenta a la hora de valorar la gobernanza y gestión de los fondos europeos en nuestro país, es el enorme reto que supone poner en marcha las reformas estructurales comprometidas al tiempo que se inician múltiples proyectos de inversión. Los comienzos suelen ser complejos, hay confusión y cuesta alcanzar ritmo. 

Nos encontramos ante un desafío extraordinario como país para ejecutar esas inversiones y reformas. Y para ello, reforzar los consensos sociales, institucionales, territoriales y parlamentarios, resulta indispensable, de modo que el respaldo necesario para la ejecución del plan esté garantizado. Del mismo modo, requiere asegurar el acceso de nuestras empresas a los fondos, con el foco puesto en las pymes, agilizando y automatizando trámites y procesos administrativos, garantizando la información y asesoramiento a los potenciales beneficiarios y administraciones involucradas, y todo ello, de la mano de la colaboración público privada.

En cuanto a prioridades concretas, lo que está fuera de discusión es la necesidad de un contexto de estabilidad institucional y de consensos, porque la transformación económica que hemos iniciado requiere y requerirá que todos rememos en la misma dirección. Y en este sentido, hay que destacar la delicada situación que atraviesan nuestras empresas, principalmente por la crisis originada por la Covid-19, pero también por la subida de los costes y los problemas de aprovisionamiento. Las reformas previstas, como por ejemplo la fiscal y la laboral, y su consecuente implementación, deben realizarse teniendo en consideración la coyuntura empresarial, de modo que no representen una carga más a la ya soportada por nuestro tejido productivo. 

En cuanto al modelo de crecimiento como país, la diversificación debería pivotar sobre la innovación como eje crítico de la competitividad de nuestro tejido productivo. La construcción de un sólido sistema de innovación, acorde con el nivel del desarrollo económico alcanzado y previsto, es esencial, más aun teniendo en cuenta su potencial para la transformación económica. El apoyo de los fondos europeos, con objetivos tan ambiciosos como la transformación digital y la transición ecológica, ofrece una gran oportunidad para ello. 

La innovación posee un efecto multiplicador que es la llave para la mejora de la competitividad, y este debería ser uno de los criterios según los cuales invertir los recursos para generar empleo y riqueza. Y en este sentido, las empresas tienen también un marcado protagonismo. 

Otro elemento clave para la transformación económica iniciada, con enorme potencial, es la internacionalización de las empresas españolas. El apoyo a las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que orientar hacia su digitalización y sostenibilidad, debería también promover su apertura hacia el exterior, de modo que los fondos Next Generation representen la pieza fundamental para lograr una verdadera apertura del tejido empresarial español, y con ello su transformación. 

Otro factor primordial de las actuaciones previstas lo constituye la formación de base y la capacitación de los trabajadores, cuestión transversal que atañe al conjunto de nuestro tejido productivo. 

En resumidas cuentas, la clave para una aplicación eficaz de los fondos europeos de recuperación es centrar la inversión en proyectos de largo plazo destinados a mejorar la productividad de nuestra economía. Para ello, la constante participación del sector privado es una condición necesaria. Y para eso, es menester agilizar la gestión y transmitir efectivamente la información, para así llegar a todas las empresas y todos los sectores que sean capaces de contribuir al crecimiento económico y a la productividad.