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Hay debates que desaparecen sin que nadie sepa muy bien cuándo ni por qué. Uno de ellos es el de los límites de la fiscalidad, sobre el que se ha tirado la toalla hace tiempo, cuando a principios de este siglo parecía que los impuestos tendían a la baja porque el crecimiento suplía todo. Ahora, estamos en lo contrario, en modo círculo vicioso (cada vez se crece menos en términos reales, por lo que hay que subir los impuestos aun más), pero hay que reabrirlo sí o sí, para disgusto de nuestros políticos, que deben aplicarse cosas como:
- No se puede meter la mano en el bolsillo de la sociedad sin más. El dinero privado no es un bien de libre disposición.
- Deben agradecer al contribuyente. Si uno ha pagado poco, se le requiere amablemente y se le solicita el arreglo, no se le amenaza y se le multa.
- El contribuyente no es un sospechoso. Es quien financia el sistema. La relación debería basarse en el respeto, no en la presunción permanente de fraude. Las cartas que recibe un ciudadano que se equivoca en su declaración es indigna: se le acusa de ocultación e intento de fraude. Si quiere cerrar el contencioso rápido, se le obliga a declararse culpable, se le aplican intereses y se le multa después.
- La Administración no puede inmiscuirse en la vida de la sociedad con la excusa tributaria. Que un familiar regale algo a otro o que un particular venda un coche a otro son actos privados, no donaciones patrimoniales, generaciones de renta o plusvalías.
- Los datos fiscales de un ciudadano no son patrimonio de la Administración. Son información privada cuyo uso debe estar extraordinariamente limitado. El Estado debe conocer sólo aquello que necesita para recaudar correctamente, no todo aquello que es técnicamente capaz de conocer.
- No pueden inventarse impuestos y debe delimitarse dónde hay imposiciones repetidas.
- Respeto sagrado a la propiedad, lo cual pasa por la vivienda, pero también por la cuenta bancaria o los datos fiscales. ¿Qué es eso de embargos sin que se sepa qué son, o avisos a clientes propios de deuda con Hacienda? Eso, cuando no aparece una lista pública vergonzante.
- La carga de la prueba debe recaer sobre la Administración.
- Si se necesita crear un impuesto nuevo, debe no sólo justificarse su necesidad y demostrar que no existe ya una figura equivalente, sino pedir permiso a la sociedad, siendo retirado a la mayor brevedad.
- Ningún ciudadano debería verse obligado a vender un activo para pagar el impuesto derivado de poseerlo. Si ocurre, hay una situación clara de confiscatoriedad.
- La fiscalidad debe recaudar para sostener servicios públicos (en principio), no para dirigir comportamientos privados, premiar afinidades ideológicas o castigar determinadas decisiones económicas.
- La complejidad fiscal es una forma encubierta de imposición. Un sistema tributario que exige asesores permanentes para ser comprendido es un sistema defectuoso, lo mismo que las revisiones años después es un elemento altamente coercitivo. El tiempo del ciudadano (y de la empresa) es sagrado y la Administración le consume muchísimo.
- Ningún impuesto debería mantenerse indefinidamente sin una evaluación periódica de utilidad, eficiencia y coste económico.
Debe existir una verdadera plataforma de defensa y derechos del contribuyente, con capacidad efectiva para afrontar errores y abusos administrativos.
- La progresividad es injusta. Que alguien gane más dinero no significa que pierda automáticamente el derecho a disfrutar del fruto de su esfuerzo. El éxito no debe ser castigado, sino incentivado.
- El ahorro no es un privilegio. Es consumo diferido. Penalizarlo sistemáticamente es penalizar la prudencia y la economía, por cuanto el ahorro es la fuente del capital y con él se invierte. La inversión no debe ser tratada como una fuente extraordinaria de recaudación, sino como un motor de crecimiento económico y creación de empleo.
- La herencia no es renta. Es patrimonio previamente generado, ahorrado y tributado durante décadas.
- El dinero que permanece en manos de los ciudadanos no es dinero perdido para la sociedad. Muy al contrario, suele ser capital disponible para consumo, ahorro, inversión y crecimiento.
- La Administración debe rendir cuentas con más intensidad con la que exige cuentas a los contribuyentes.
- El principio general debería invertirse: no preguntarse cuánto más puede recaudar el Estado, sino cómo puede operar recaudando menos.
La recaudación no es un fin en sí mismo. Es un medio. Cuando se olvida esa diferencia, el poder fiscal tiende a expandirse sin límites. La recaudación debería tender a cero. El estado debería idear medios para autofinanciarse sin impuestos.
- Debe insistirse en la idea de que el Estado debe cubrir carencias, no garantizar la vida de la gente, ya que fomenta la idea de dependencia.
La lista podría ser interminable. Me ha salido de un tirón. Tenemos una sociedad que vive con miedo a su propio Estado. Le ha entregado su vida a cambio de un plato de lentejas.
Hay gran temor a disponer del dinero propio. Hay miedo a ayudar económicamente a un hijo o a un familiar. Por supuesto, tenemos pánico absoluto a recibir una notificación administrativa, porque casi seguro es una sanción. Equivocarse en una declaración de impuestos conlleva penalización grave, aparte de muchas molestias. Miedo, miedo, miedo...
Algo se ha roto cuando la Administración provoca eso. Estamos en el Siglo XXI. Que Hacienda siga siendo vista como una amenaza potencial es un atraso de nuestros derechos. La Administración debería ser una mera gestoría, casi imperceptible, no el ejercicio coercitivo del poder.
Tenemos una sociedad mangoneada por los políticos a través de redes clientelares. La gente ha tirado la toalla, insistimos y fija sus expectativas en la dependencia del estado. Se ha instalado en falsedades como que los salarios suben por ley, la vivienda se regula interviniendo el mercado y que subir impuestos mejora la redistribución y la igualdad (que sí, lo hace democratizando la pobreza).
El contribuyente no debería sentirse vigilado permanentemente, sino respetado. Para eso, antes, hace falta un cambio de mentalidad de la gente.
En el lado económico, que es el que nos interesa, nadie invierte o ahorra tranquilo cuando siente que cualquier éxito será penalizado. Por eso la cuestión fiscal es cuestión de justicia, de libertad, de crecimiento y desarrollo.
Y en algunos momentos, esto ha sido así. A finales del pasado siglo, España, país pujante que apuntaba al ingreso en el euro, pregonaba que los impuestos debían ser bajos, el gasto público controlado y el dinero tenía que estar en el bolsillo del ciudadano. Hoy ese debate prácticamente ha desaparecido, tenemos tipos aberrantes superiores al 30% o 40% y los políticos critican abiertamente la frase de que las personas deben tener su propio dinero.
Y no pasa nada cuando llueven impuestos inventados y de desgravaciones ya ni hablamos: son tabú. Enfurecen a la administración.
Por ello, es preciso abordar un cambio conceptual. El patrimonio privado debe dejar de percibirse como algo malo y ser visto como el fruto del trabajo, del ahorro, del riesgo asumido o de la inversión realizada.
El patrimonio de cada uno es sagrado, no algo susceptible de ser confiscado.
Hay que dejar de hablar con absoluta naturalidad de gravar herencias. Es preciso ser consciente de que aumentar impuestos al ahorro, elevar la tributación sobre la inversión o la invención de “nuevas figuras fiscales” es dañino para la economía real.
Lo mismo, elevar el gasto público sin prever las consecuencias. Nunca falta una justificación moral, pero lo desesperante es que ya nadie se pregunta dónde está el límite. La gente se cree que una subida de las pensiones es una decisión de los políticos sin más y quien las lanza, lo hace desde la bondad de corazón. Al contrario, el que no las sube más es porque no quiere y es un malvado o un sieso.
La propia Constitución española es un galimatías al respecto: establece que el sistema tributario no puede tener carácter confiscatorio, pero también que debe ser progresiva.
El problema es que nadie parece interesado en definir qué significa exactamente eso. En teoría, confiscatorio es cuando se ronda el 50% del valor recaudatorio o se obliga a vender un bien para pagar. Ambas cosas se dan ya.
Son preguntas perfectamente razonables que han desaparecido del debate público. Algún partido, de vez en cuando, se desmarca con anuncios a los cuatro vientos de rebajas fiscales… pero tampoco han hecho una memoria de impacto, por lo que no las creen ni sus votantes.
Lo cierto es que los informes sobre la recuperación europea que han hecho la OCDE, Letta, Draghi o BME piden la dinamización de los mercados de capitales, algo que no llegará sin impulsos fiscales. Impulsos que a los políticos les da pánico, porque mantienen sus prebendas apalancados sobre un estado del bienestar clientelar, en el que las pensiones ya se han desbocado, y el empleo público es el siguiente rubro que lo hará.
No hay nadie que esté pensando en reformas de calado, porque saben la contestación social que ello acarreará, aunque a medio plazo sean buenas. Por eso, urge reabrir debates. El primero y más importante: los impuestos, el verdadero obstáculo para el crecimiento y la prosperidad.
