Representantes de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica), UGT y CCOO mantuvieron este miércoles 16 de febrero sendas reuniones con el grupo parlamentario Socialista y el de Unidas Podemos para exigir la "inmediata" tramitación de un fondo de compensación a las víctimas del amianto.

En las reuniones, las organizaciones sindicales y la delegación de víctimas han recordado el compromiso alcanzado por los grupos parlamentarios de iniciar la tramitación de la proposición de ley en la Comisión Parlamentaria de Trabajo en el plazo de dos meses tras la aprobación de los Presupuestos Generales, en los que se incluyó una enmienda para financiar el Fondo de Compensación con una partida de 25 millones de euros.

La proposición de ley de creación del fondo de compensación a las víctimas del amianto acumula, desde el 13 de abril de 2021, un total de 28 ampliaciones del periodo de presentación de enmiendas en la Mesa del Congreso, lo que retrasa "de manera injustificada" el inicio de su tramitación en la Comisión parlamentaria de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según denuncian los sindicatos.

El plazo finaliza el próximo 28 de febrero y los representantes de Fedavica, CCOO y UGT han informado a los parlamentarios de que, si el 23 de febrero la Mesa del Congreso ampliase nuevamente el periodo de presentación de enmiendas, las tres organizaciones convocarán movilizaciones conjuntas.

Programa Practico de Estrategias de Inversión y Trading

Desde el Grupo Parlamentario Socialista se han comprometido a concretar, en el menor plazo posible, la fecha de inicio de la tramitación. Además, se abordaron otras cuestiones, como la necesidad de recuperar los consensos alcanzados en la Comisión Parlamentaria durante el anterior intento de tramitación del Fondo de Compensación en la XII Legislatura, con el objetivo de acelerar su aprobación.

También se ha repasado el documento de enmiendas elaborado por Fedavica, UGT y CCOO, y se ha coincidido en la necesidad de clarificar las personas beneficiarias del fondo, que serían las afectadas por exposiciones al amianto de origen laboral, doméstico (familiares de trabajadores expuestos) y ambiental (vecindario de instalaciones en las que se utilizaba amianto).

Por su parte, en el diálogo con el grupo parlamentario de Unidas Podemos, se ha vuelto a poner de manifiesto la urgencia de iniciar la tramitación y se ha preguntado sobre el posible traslado del fondo de compensación del ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al de Asuntos Sociales y Agenda 2030.

El cambio, confirmado por los parlamentarios, es contrario a la posición de las tres organizaciones puesto que, a su juicio, la parte más importante de la financiación del fondo correspondería a partidas procedentes de la Seguridad Social.