El PP y Vox defenderán esta semana en el Pleno del Congreso sus propuestas alternativas al Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), el conocido como 'impuesto sobre la plusvalía', que ha diseñado el Gobierno de coalición.

Tras convalidarse el decreto del Gobierno, impulsado tras la sentencia del Tribunal Supremo, la Cámara Baja aprobó su tramitación como proyecto de ley y ahora se enfrenta a su debate de totalidad, forzado por PP y Vox con sendas enmiendas con texto alternativo.

Los 'populares' buscan que únicamente tengan que tributar por este impuesto las personas jurídicas que facturen más de un millón de euros, mientras que Vox plantea directamente la eliminación del impuesto.

PP: SOLO LO PAGARÍAN EMPRESAS QUE FACTUREN MÁS DE UN MILLÓN

En concreto, el PP apuesta por eximir a todas las personas físicas del pago de la tributación del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), pero también a todas las personas jurídicas que facturen menos de un millón de euros.

Además, pretenden que en el plazo de seis meses el Ministerio de Hacienda y Función Pública apruebe un mecanismo progresivo de compensación a los ayuntamientos por las exenciones, previa participación y consulta con la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

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COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA EN SEIS MESES

Este mecanismo deberá permitir que las entidades locales participen en mayor medida que la actual en aquellos tributos estatales que ya gravan el aumento de valor o plusvalía de los bienes inmuebles, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el que actúa sobre la Renta de los no Residentes o el de Sociedades.

La legislación que defiende el PP también da seis meses a Hacienda para aprobar una partida presupuestaria para compensar de forma extraordinaria el posible desequilibrio financiero de los ayuntamientos en caso de permitirse las reclamaciones por abonos realizados por este tributo.

VOX QUIERE REVISAR LIQUIDACIONES DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS

Por su parte, Vox plantea su supresión, eliminando sus artículos en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y sacando su mención entre los impuestos a exigir por parte de los ayuntamientos.

Asimismo, eximen de su devengo toda liquidación pendiente en período voluntario de pago y permite la revisión de todas las liquidaciones finalizadas dentro de los límites establecidos para la prescripción de créditos contra la Administración de cuatro años.