El Senado ha aprobado este miércoles de forma definitiva la Ley de servicios de atención a la clientela, donde se incluye una disposición para rebajar el IVA de productos de alimentación como carnes, pescados, conservas o huevos que el Gobierno trató de vetar acogiéndose al poder constitucional que tiene para hacerlo.

El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para introducir un amplio paquete de enmiendas a la ley de atención a la clientela. Ahora esas enmiendas se han enviado al Congreso para decidir si finalmente se incluyen en el texto.

Una de esas reformas al articulado determina una rebaja generalizada del IVA para varios productos de alimentación entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de ese año. En concreto, se plantea un 4% para carnes, pescados y conservas y se elimina el impuesto para la leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres.

Para justificar su enmienda, recogida por Europa Press, el partido alerta de la escalada de precios de algunos alimentos básicos, que han obligado a muchos consumidores a sustituir el consumo de alimentos saludables por otros que lo son en menor medida, con el consiguiente riesgo para su salud.

El PP viene exigiendo la rebaja fiscal de estos productos desde hace tiempo, y de hecho defenderá en el Pleno del Congreso de la próxima semana una proposición no de ley para que la Cámara Baja pida al Gobierno la bajada de impuestos a los alimentos mencionados.

EL CONGRESO DECIDIRÁ SI SE VOTA

El Gobierno presentó en el Senado un escrito de disconformidad con esta enmienda, acogiéndose al poder que la Constitución concede al Gobierno para impedir la tramitación de cualquier medida legislativa que implique "un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios".

En este caso, el Ejecutivo esgrime que la medida supondría una perdida de recursos para la Administración General del Estado estimada en 3.780 millones, según consta en el escrito de disconformidad recogido por Europa Press. Sin embargo, la Mesa de la Cámara Alta dominada por el PP no admitió a trámite este veto y la enmienda prosiguió su tramitación parlamentaria sin inconveniente.

El Congreso ahora tendrá que decidir si admite a trámite esa enmienda o la veta, como ya hizo en anteriores ocasiones como con la Ley de desperdicio alimentario o la Ley de navegación aérea y que provocó en sendos casos un conflicto de atribuciones sobre el que tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional.