Representantes del palangre de superficie de Galicia --que representan el 85% de la flota europea y el 90% de la española-- claman contra la "inacción" y "descoordinación" del Gobierno en relación con el marrajo, lo que provoca pérdidas "millonarias" al sector.

Así lo han expuesto en rueda de prensa conjunta en Santiago representantes de las organizaciones OPP-7 Burela, Opnapa, Opromar y Orpagu, así como de la industria comercialiadora, a través de Anecteam. Denuncian que 125 barcos de Burela, Vigo, A Guarda y Marín están afectados por el bloqueo administrativo para pescar esta especie, con las consecuentes pérdidas económicas. De media cada buque tiene entre 20 y 25 empleados.

Señalan que esta situación se remonta a agosto de 2019 con la entrada del marrajo en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), lo que exige que las exportaciones de estas especies deben incluir los permisos que demuestren que provienen de pesquerías sostenibles. Así comienza lo que describen como una "odisea" para el sector.

El gerente de la organización de OPP-7 Burela, Sergio López, explica que a partir de 2020 se vive una situación "caótica" con toneladas de marrajo que no se pueden vender por no tener autorización del Gobierno, parte de las cuales incluso se tienen que destruir, con una falta de "coordinación" entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Pesca que imposibilitó comercializar capturas legales.

Ahora, el problema es que el Gobierno ni siquiera ha fijado los cupos para este 2022, aunque sea de forma provisional, lo que impide pescar y provoca que haya tirar al mar las capturas de marrajo.

DENUNCIAS POR DAÑO PATRIMONIAL

Al respecto, el gerente de Opnapa, Edelmiro Ulloa, ha señalado que diferentes empresas afectadas han presentado demandas contra el Estado por daño patrimonial, y proseguirán ante la "descoordinación" en el Gobierno que les impide faenar.

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Esta situación provoca pérdidas que pueden ascender a entre 70.000 euros y 150.000 euros por barco, en función del tamaño de cada buque.

Además, remarca el agravio que supone que la flota española no pueda capturar marrajo, mientras buques de otros países "pescan sin ningún problema".

La gerente de la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu), Juana Parada, remarca que "no es un problema biológico", sino "administrativo" por "desconocimiento" de las autoridades españolas, ya que en otro países como Portugal se permite faenar con normalidad.

Tras "dos años absurdos", ahora se suma que en 2021 "hubo un cambio de competencias" por el cual Transición Ecológica pasa a tener las competencias para otorgar los certificado Cites para la pesca, pero "no tiene personal", están "aterrizando" y tampoco tienen "ni idea". "Nos sentimos como en un partido de tenis en el que nosotros somos la pelota", se queja, pues los pescadores "merecen un mayor respeto".

Juana Parada considera "muy grave" que, sin embargo, el resto de flotas estén faenando en los mismos caladeros en lo que no pueden la flota gallega. De hecho, explica cómo esos buques foráneos descargan en el puerto de Vigo y pueden comercializar sus capturas.

El presidente de Opromar, Francisco Teijeira, deja claro el impacto ecónomico que supone este bloqueo, a pesar de que no se trata de "un problema biológico", al tiempo que lamenta que les traten "casi como piratas".

Igualmente, el presidente de Anecteam, Emilio Martín, ha destacado que "cualquier ataque a la flota es un ataque a la industria". "Lo único que le pedimos a los políticos es que hagan su trabajo de una vez", afirma.

El representante de la industria comercializadora avisa de que esta situación supone perder un "nicho de mercado" del que se van a aprovechar los países asiáticos, con "flotas menos respetuosas" con los recursos.